Las aguas residuales de la Ciudad de México, varios corredores industriales y hospitales, una refinería y una termoeléctrica han creado un infierno ambiental al norte de Tula. La contaminación de la presa Endhó en Hidalgo llegó a sus pozos de agua potable y durante décadas ha envenenado, gota a gota, a 15 mil seres humanos. Las autoridades, que lo sabían por una serie de estudios realizados en 2007, simplemente lo ignoraron mientras las muertes de cáncer en la región se triplicaban. La muerte prematura, una población enferma. Las comunidades de la ribera de la presa Endhó, la cloaca final del Valle de México, solo se tienen a sí mismas.

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Los vecinos de la presa ven la basura navegando el agua y saben de dónde viene la contaminación. Si durante décadas suponían que sus enfermedades eran por la presa, ahora tienen la certeza. En mayo de 2018 obligaron a la Comisión Nacional del Agua a analizar el agua de siete pozos alrededor de la presa. Todos estaban contaminados con metales pesados. Avisaron al entonces gobernador Omar Fayad. No hizo nada y tuvieron que ser los afectados los que lucharan por una solución. El enojo final llega al enterarse de que las autoridades, incluida la propia Conagua, sabían de este problema desde hacía al menos quince años y decidieron ignorar el problema.

No es la primera vez que los hombres y mujeres de la ribera de la presa Endhó se sienten los olvidados de Hidalgo. A finales de julio la sequía tiene la presa bajo mínimos y se puede llegar caminando por la tierra seca hasta una iglesia abandonada, rodeada de las lápidas rotas del cementerio. Era el centro de San Francisco Bojay, uno de los siete pueblos desalojados en los años 50, con sus pobladores expulsados a las zonas altas. Su historia y recuerdos se convirtieron en la presa Endhó, inundados de las aguas del río Tula por la decisión de las autoridades federales desde la Ciudad de México.

Ya asentados en sus nuevos hogares, los vecinos de San Pedro Nextlalpan, San Mateo, Santa María Daxthó, Santa Ana Ahuehuepan, Santa María Michimaltongo y San Francisco Bojay se acostumbraron a su nueva vida. Casi mil 300 hectáreas de agua limpia daban para baños, torneos de pesca, un principio de turismo. Pero en los 70 las autoridades federales decidieron, otra vez olvidando su existencia, encauzar a la presa las aguas residuales de la Ciudad de México, la CFE Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula, la refinería Miguel Hidalgo y el corredor industrial Tula – Atitalaquia – Tepeji. Las aguas limpias se contaminaron, matando los bancos de peces y con ellos el turismo.

La presa sube y baja de nivel según las lluvias y la cantidad de aguas residuales que se decidan enviar desde la CDMX y el Estado de México. Cada año llegan en promedio 326 millones de metros cúbicos de aguas residuales a la presa, una cantidad que casi duplica su capacidad, y que luego riegan los cultivos del Valle del Mezquital. Una broma común entre los campesinos es que los chilangos les mandan sus excrementos y ellos se los devuelven en verduras.

Zapatillas, botellas, juguetes rotos, jeringuillas, tubos de hemodiálisis, bolsas médicas y demás residuos que llegan con el río se quedan en las orillas. Son una alfombra en la ribera de agua negra y fétida por la que pastan borregos y los nopales se retuercen mutantes. Cuando el caudal desciende, los pepenadores recolectan los desechos que puedan vender y dejan el resto. Al amanecer, una neblina blanca se levanta de la presa y hace arder los ojos y la garganta. Cuando el sol se va, el viento transporta el olor a cadáver por toda la zona.

Los efectos más graves de estar expuesto toda una vida a estos contaminantes son el cáncer y la insuficiencia renal. Mientras las autoridades ignoraban un problema de salud pública del que tenían evidencias suficientes, las muertes registradas por cáncer entre 2010 y 2020 en la región de Tula crecieron un 189%, mientras que en todo México fue un 30%. Las muertes por fallas renales también se triplicaron.  

“El principal efecto de la exposición crónica a contaminantes es el cáncer, además de problemas hepáticos y renales o dificultades en la reproducción”, se lee en el artículo científico Efectos sobre la salud con agua contaminada con metales pesados. Textos similares pueden encontrarse sobre poblaciones de Irán, Bangladesh o Senegal.

Los estudios de los pozos no fueron por voluntad propia de las instituciones. La agrupación agraria Movimiento Social por la Tierra, con arraigo y fuerza social en las comunidades de la presa, realizó protestas en varias oficinas de gobierno para forzarlas. Así lo hicieron con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, obligando a que en noviembre de 2018 firmaran una “declaratoria de Emergencia Sanitaria para salvaguardar la salud de la población de la presa Endhó y su periferia” dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esta misma estrategia con la Semarnat de la Administración de Enrique Peña Nieto hace que exista desde 2018 un completo borrador de casi 200 hojas titulado Programa estratégico de recuperación y saneamiento de la presa Endhó y su zona de influencia. Con acciones específicas y una descripción detallada de la problemática, tiene como objetivo lograr un decreto firmado por el presidente de México que declare la presa Endhó como Zona de Restauración Ecológica. Nunca ha sido publicado, letra muerta en parálisis institucional. 

En septiembre de 2018 la Conagua turnó tres oficios con los resultados de los muestreos de los pozos contaminados con metales pesados para “atender la problemática de calidad de agua de las citadas fuentes de abastecimiento para uso y consumo humano”. Los destinatarios eran los presidentes municipales de Tula de Allende y Tepetitlán y el mismísimo Omar Fayad, gobernador de Hidalgo de 2016 a 2022.

Fayad no hizo demasiado por esos 15 mil afectados. En un análisis de su agenda pública durante su sexenio y una revisión sus informes anuales como Gobernador, la única referencia a la presa Endhó la hizo en 2020, cuando presumió haber logrado que cinco proyectos se financiaran con el Fideicomiso 1490 “Para apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de la Megalópolis” para “sentar las bases para atender la problemática ambiental del agua en las comunidades aledañas de la Presa Endhó y el Acuífero del Valle del Mezquital” por 20 millones de pesos.

Cuando en septiembre de 2019 se presentó la Agenda Ambiental de su Administración para sanear la región de Tula, se cifró el coste de una remediación en 22 mil millones de pesos y se anunciaron una serie de acciones para el saneamiento del agua por parte del Gobierno estatal. Solo se hizo una, la fumigación contra un mosco muy agresivo que se da en el agua puerca.

Los proyectos del fideicomiso incluyen un piloto de acuaponia para criar tilapias, una serie de talleres de diagnóstico ambiental para conocer la percepción de riesgos ambientales de los vecinos y uno llamado “Dimensión del mejoramiento de la calidad del agua de la presa Endhó, Hidalgo”. También fueron presumidos por la Administración Federal en su informe de Gobierno de 2022, asegurando que llevan un avance del 70%.

Fayad perdió el control del Congreso de Hidalgo en julio de 2018, que pasó a tener una mayoría de Morena. Comenzó entonces un enfrentamiento por el presupuesto, donde el Movimiento Social por la Tierra, con otras dos organizaciones campesinas, realizaron un plantón frente al Congreso hasta que lograron que se destinaran 30 millones de pesos para poner plantas potabilizadoras en los pozos contaminados. Fayad, según cuentan varias fuentes, se opuso a esta asignación. Se pidió una entrevista con el exgobernador Omar Fayad, pero se negó a darla argumentando que quería respetar el cambio de Administración.

Su sucesor por Morena, Julio Menchaca, sí habló con N+ Focus y explicó que la presa Endhó es resultado de “la falta de cumplimiento de la ley por parte del Gobierno federal, de la Ciudad de México, del Estado de México y también de Hidalgo”. Como nuevo gobernador del Estado, asegura que ya se ha reunido con las autoridades de la Conagua y la Ciudad de México para hacer un diagnóstico y revertir estos procesos, además de que en caso de detectar omisiones por parte de Fayad y su Administración, actuarán en consecuencia.

En octubre de 2019 la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tula anunció que con esos 30 millones se iban a construirse siete plantas potabilizadoras, pero en mayo de 2021 reconoció que sólo se habían levantado cinco y que tres de ellas-Iturbe, San Francisco Bojay y El Chabacano- no funcionaban ya que las habían entregado incompletas.

En una visita al pozo El Chabacano en San Miguel de las Piedras, su cuidador comentó que la potabilizadora no funcionaba por falta de presión; en el de Pedro María Anaya, el plomero local y operador aseguraba que el problema es que en cuanto el agua salía de la planta volvía a contaminarse por las filtraciones a la red de distribución desde la presa Endhó; y en el de Xochitlán no se hizo directamente nada, por lo que sigue bombeando agua con plomo y mercurio a los vecinos. Además, en el pozo El Torrión, supuestamente abandonado por sus altos niveles de mercurio, plomo, manganeso y arsénico, es común ver pipas repostando con una manguera verde que tienen escrito en el tanque el sorprendente texto de “Agua Potable”.

Los vecinos de la ribera y el Movimiento Social por la Tierra, decididos a que el Programa estratégico de recuperación y saneamiento de la presa Endhó y su zona de influencia no se convirtiera en letra muerta, tomaron la Semarnat en julio de 2019 y se reunieron con el secretario Víctor Toledo. El académico, recién llegado al cargo, dio una rueda de prensa en la que enfatizó que era “una región prácticamente inhabitable en el sentido de una vida digna”.

Comenzaron una serie de trabajos y reuniones, pero llegó la pandemia del coronavirus y no pudieron continuar hasta casi un año después, en junio y agosto de 2020. Las dos reuniones quedaron registradas en una serie de actas, donde la Secretaría se compromete a “dar prioridad a las acciones y gestiones que permitan concluir la Declaratoria de Restauración Ambiental con el objeto de lograr su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, el mecanismo que se marca en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y obliga a la Secretaría a crear programas e instrumentarlos con los otros órdenes de Gobierno..

Tras la renuncia de Toledo ese agosto por problemas de salud, la llegada de María Luisa Albores como nueva responsable detuvo todas las acciones en marcha. Se solicitó una entrevista con Albores un mes antes de cerrar esta investigación, pero por problemas de agenda no pudo hacerla. En su lugar se mandó un cuestionario. En él, aunque se pregunta específicamente qué seguimiento ha tenido el compromiso de Toledo, la Secretaría decidió no contestar esta pregunta.

Un año después de la salida de Toledo, se firmó en julio de 2021 un acuerdo entre Conacyt, la Secretaría de Salud y la Semarnat para establecer siete Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) que se supone incluirían a la presa Endhó. Este comité se denominó Grupo Permanente de Trabajo, pero solo se ha reunido cinco veces y la última en marzo de 2022. Preguntada al respecto, la Secretaría contesta que “a la brevedad se contempla el desarrollo de una nueva reunión del Grupo Permanente de Trabajo del Grupo de Coordinación Intersectorial”. En sus actas no hay una sola referencia a la región de Tula.

Una de las funciones de este Grupo Permanente, marcadas en el acuerdo, es “establecer las regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental y las actividades prioritarias para su atención”. Se pidió a la Secretaría si existía algún instrumento legal que dé certeza jurídica a dichas RESA o algún documento que las declare oficialmente. Respondieron que “es el propio Convenio Marco de Coordinación”, donde dicen que las deben establecer, “el instrumento jurídico que les da sustento”.

Este Grupo Permanente que lleva sin reunirse desde marzo de 2022 tiene como misión “elaborar un Programa de Trabajo anual que contemple las actividades de atención prioritaria” en cada una de las RESA. Cuando se preguntó por los avances en estos programas, Semarnat contestó con un listado de las inspecciones de CONAGUA y algunas obras, sin explicar nada de los Programas de Trabajo anuales.

También se preguntó a la Semarnat los motivos por los que habían abandonado como instrumento legal la Declaratoria de Restauración Ambiental. Su argumentación fue que “su impulso puede llegar a requerir de un largo proceso de gestión; ya que para su declaración se requiere la elaboración de estudios técnicos científicos que la justifiquen” y que por esta dificultad consideran más eficiente el esquema de las RESA. En noviembre de 2021, el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Said Javier Estrella García, dijo ante legisladores locales que hasta que la Semarnat emitiera la Zona de Restauración Ecológica les sería imposible destinar y etiquetar recursos para atender los problemas ambientales.

Tras dos años sin recibir a los vecinos y solo después que N+ Focus le solicitara una entrevista sobre la presa Endhó, la secretaría Albores accedió por fin a reunirse con ellos. Asistentes a este encuentro señalaron que no ha habido un solo avance desde 2020, pero que firmaron una serie de acuerdos, que incluyen reactivar los trabajos para lograr la Declaratoria de Restauración Ecológica. Esta reunión ocurrió en octubre de 2022 y, en ella, la gerente de calidad del agua de Conagua dijo que habían realizado monitoreos “para revisar el agua que se sustrae de los pozos” y “solo funciona una de las plantas potabilizadoras”. Aunque se han visto otro par de veces con funcionarios de la Semarnat, a la fecha no se ha dado ni un solo paso más en dirección a la Declaratoria. Los afectados están escépticos. “Hasta no ver, no creer”.

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El 26 de marzo de 2022 se organizó un “Gran Jaripeo con causa” en la colonia Michimaltongo. El cartel que lo anuncia muestra a un hombre de sombrero ancho domando un enorme toro blanco, enmarcado entre lazos rosas. La entrada costaba 50 pesos, niños al dos por uno. La recaudación, más lo que se vendió de comida y bebida, fue para los 160 mil pesos de las quimios y la mastectomía que salvaron la vida de Magdalena Jiménez.

Magdalena vive a escasos 300 metros de la presa Endhó. Su comunidad se llama Xijay de Cuauhtémoc y ella señala hacia el sur, dentro del agua, para mostrar donde vivían sus padres y sus abuelos. A sus 59 años, recuerda la presa limpia. Los peces gigantes, las lanchas turísticas, su final con la llegada de las aguas residuales.

“Toda la contaminación llega de la Ciudad de México, de sus drenajes, de las aguas residuales de las empresas, de la refinería, de la termoeléctrica... todo llega aquí, a la presa Endhó”, reflexiona, “todo lo que comemos está contaminado porque está regado con agua de la presa: ingerimos la contaminación”.

“Eso tiene que ver con nuestras enfermedades, con mi enfermedad”, dice. Un cáncer de mama, que le detectaron en diciembre de 2021. El médico de Tula la remitió al Fucam, en Coyoacán, en la Ciudad de México. “Supuestamente allí era gratis, pero como les quitaron el subsidio del Gobierno por el mentado seguro popular ahora ya cobran”.

A Magdalena y su esposo Guadalupe les dijeron que el tratamiento les saldría en unos 300 mil pesos. Lupe, jornalero y campesino, comenta que debatieron con sus hijos qué hacer. ¿Atenderse ahí y sacar el dinero de donde pudieran? ¿Volver a comenzar todo el proceso de ingreso en Cancerología para no pagar? La realidad les respondió cuando unos análisis del tumor advirtieron de un crecimiento muy agresivo. “A echarle ganas”.

“Tengo un hermano que su trabajo es organizar eventos de toros, y él hizo un jaripeo; un sobrino de mi esposo es charro e hizo una charreada; hicimos rifas, vendimos antojitos mexicanos… y así alcanzamos para juntar lo de las quimios”, agradece, “para la cirugía me apoyaron mis sobrinos desde Estados Unidos”. Ahora se enfrentan a un nuevo reto: 60 mil pesos para las radioterapias para acabar su tratamiento. Durante casi toda su vida, el pozo que alimentaba la casa de Magdalena era El Torrión, con altos niveles de plomo, mercurio y arsénico.

“En estos siete pozos hay metales en niveles superiores a lo que se consideraría saludable para el consumo humano. La exposición crónica a arsénico, plomo o mercurio tiene consecuencias en la salud humana, siendo sus principales efectos el cáncer, problemas hepáticos y renales y dificultades en la reproducción", explica el genetista Pablo Octavio Aguilar, coautor de Efectos sobre la salud del agua contaminada por metales pesados.

“Normalmente, la incidencia de cáncer está determinada por la genética y se suele dar en tasas de población similares”, explica Aguilar, “pero cuando esas tasas son mucho mayores, nos damos cuenta de que lo que pasa ahí no tiene que ver con los genes, sino con un factor externo que está favoreciendo la aparición del cáncer”.

Pasear por las comunidades alrededor de la presa Endhó es confirmar ese factor externo. En General Pedro María Anaya cada casa y esquina tiene supervivientes o muertos. En el caso del cáncer de mama, la incidencia en México es de 18.55 casos nuevos por cada 100 mil habitantes. Como en General Pedro María Anaya viven mil 500 personas de acuerdo al último censo, debería registrarse un tumor maligno cada tres o cuatro años, pero van a un ritmo de uno al año. Solo en 2020 se diagnosticaron tres casos.

Uno de ellos fue el de Maira Martínez, de 47 años, el reverso tenebroso de Magdalena. Tras su diagnóstico en Tula, la enviaron al Fucam y también le dijeron que su tratamiento, tras el estudio socioeconómico y la pérdida del subsidio del Gobierno, rondaría el medio millón de pesos. “Le dije a mi hermana, vámonos manita, aquí espantan, y nos volvimos a la doctora del centro de salud”, ríe resignada, “y nos derivó al INCAM, pero nos costó entrar y tuvimos que pedir favores para que recibieran mis papeles y me volvieran a hacer los estudios de diagnóstico”.

Cuando por fin fue atendida su cáncer había llegado a fase 4, la última antes de ser desahuciada, y le hizo metástasis en cerebro y pelvis. Maira está muy delgada, casi un fantasma, y se cansa con facilidad. Como Magdalena, la presa Endhó está a menos de 300 metros de su casa y también cree que la contaminación que llega desde la Ciudad de México y las industrias tienen parte de la culpa. Maira murió antes de la publicación de este texto.

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Hugo Rosario, el sobrino de Magdalena y Guadalupe que organizó la charreada, se queja de la sequía. Sus 20 vacas, todas de engorde, requieren pastura, y ésta no ha crecido por la falta de lluvias. Con un soplete quema las espinas de los nopales y luego trocea las pencas para sus reses. Esta técnica la aprendió de su padre y él se la enseña a su hijo. A sus 36 años es la primera vez que la tiene que usar. Es consciente de la ironía de vivir al lado de 180 millones de metros cúbicos de agua y sufrir porque te falte.

“No las puedo bajar a pastar ni beber a la presa. El agua está muy contaminada y ahí sale una yerba muy infecciosa para los rumiantes grandes, que si la ingieren se inflan y se revientan”, y ejemplifica abriendo los brazos e inflando los carrillos, “se ponen gordos y les provoca la muerte”.

Las cantidades microscópicas de los metales pesados se acopian en la salud humana al convivir con agua contaminada y comer alimentos regados con ella. Esta bioacumulación causa daños irreparables al material genético y aumenta las tumoraciones. Esto se da porque cuando un animal o planta es expuesto a metales pesados o sustancias tóxicas, los va acumulando en su tejido. Al ser comidos por otros animales, la cantidad de metal se incrementa a lo largo de la cadena de alimentación y la dosis aumenta. Esto se denomina biomagnificación y un gran ejemplo serían las hierbas de la presa Endhó y su uso para animales y plantas.

Francisco Vilchis, jornalero como su primo Hugo, tiene unas 30 borregas. Con un lazo golpea el suelo cerca de ellas y conduce a su rebaño a pastar a la presa. “No tengo otra opción”, comenta, “como no hay pastura por la sequía, tengo que traerlas aquí”. También campesino, trabaja un par de parcelas que no ha podido sembrar, ya que al ser de temporal requieren de las lluvias.

“No tendremos forraje para el ganado ni vamos a producir maíz para las tortillas de uno”, y pronostica un 2023 difícil. Tampoco le gustaría usar agua de la presa. Le da miedo quemar sus tierras. Le da miedo entrar en contacto con el agua puerca y dar otro paso en su mayor temor: estar muriéndose y no saberlo.

“Hay muchos casos de cáncer, diabetes, enfermedades estomacales. Hay gente que fallece muy joven sin que les alcance para hacerse un estudio. Yo podría tener una enfermedad, mis hijos podrían tener, mis vecinos podrían también… y nadie darse cuenta hasta que sea muy tarde”, dice a orillas de la presa. Está anocheciendo y el viento esparce el olor a cadáver. “Me gustaría que el gobierno volteara a vernos”.

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Con estudios de Conagua que advierten de metales pesados, una Declaratoria de Zona de Restauración Ecológica convertida desde hace cuatro años en letra muerta, sin saber si los pozos llevan agua contaminada a sus hogares, abandonados por los tres órdenes de Gobierno; los 15 mil vecinos de la ribera de la presa Endhó no pueden seguir aguantando que aguas residuales del Valle de México, de varios corredores industriales y hospitales, una refinería y una termoeléctrica, los maten lentamente.