Tulum, QROO.- Desde que nació el municipio de Tulum, Quintana Roo, en 2008, miles de construcciones lujosas y colonias irregulares han arrasado dunas, manglares y arrecifes a un ritmo acelerado en los límites y en las entrañas de las áreas naturales protegidas (ANP) de este municipio.

Cada propietario y constructor explota la selva a costa de sus propios sueños o intereses, y con ello, elevan la población, la plusvalía de la tierra, las visitas turísticas y las intervenciones en las playas.

A lo largo de Tulum hay máquinas desmontando dunas costeras y selvas; manglares secos y llenos de basura con carreteras a un costado; y, a la par, se ven anuncios de mega proyectos inmobiliarios. Ya dentro del “Parque Nacional de Tulum”, el área natural protegida, hay hoteles con obras nuevas o en remodelación . Se amontonan autos, motocicletas y bicicletas junto a los humedales. De igual manera, en los límites de la Reserva de la Biósfera de Siaan Ka'an, comienza un ataque por parte de clubes nocturnos. Parece turismo inofensivo si no fuera porque hay casi dos millones de visitas en promedio por año.

La mancha urbana se extiende día a día como un paraíso inmobiliario cuyos cimientos se han levantado mediante presuntas irregularidades e ilegalidades. Año con año se acumulan expedientes registrados contra el sector público y privado, así como ejidos, mientras la infraestructura social y el acceso a servicios públicos no está garantizada para los más de 46 mil tulumneses que viven fuera de los desarrollos inmobiliarios.

Crecimiento de Tulum

Una investigación de N+Focus detectó que una estructura conformada por más de 200 empresas, ejidos y administraciones municipales, han sido denunciados por una posible responsabilidad de delitos ambientales durante las construcciones de hoteles, centros comerciales, condominios, restaurantes, clubes de golf, obras públicas, entre otros. En el 95% de los casos salieron impunes frente a denuncias de la federación.

La ola de crímenes ambientales se ha suscitado mientras cinco administraciones del gobierno de Tulum han autorizado 2,493 licencias de construcción, bajo ordenamientos ecológicos y urbanos desactualizados que facilitan irregularidades e ilegalidades, esto de acuerdo con una revisión de documentos, fotografías y videos, entre ellos solicitudes de información, expedientes penales, amparos, licencias de construcción, actas constitutivas, así como recorridos y decenas de entrevistas.

Durante 2005-2022 se registraron 288 denuncias por posibles daños ambientales dentro y fuera de las ANP de Tulum. El mayor porcentaje de estas denuncias está en la zona costera, ya que la plusvalía de la tierra es costosa por estar a unos pasos del mar. La información entregada vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indica que un 87% de estas denuncias fueron por cambio de uso de suelo (excavación de duna costera, remoción y relleno de manglares), daños a fauna, eventos masivos y violaciones de clausuras.

Denuncias por delitos medioambientales

Entre estos cientos de expedientes, hay 44 denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR), la mayor parte no procedentes. De estas, hay 17 que interpuso esta administración por los delitos de “despojo por uso, aprovechamiento o explotación de un bien nacional, así como delitos contra la biodiversidad” en contra de los hoteleros -invocando el decreto del ANP en 1981 que protege 664.32 hectáreas-. Pero hasta febrero de este año solo una había sido judicializada.

Este arrasamiento se favorece por la ausencia de un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y un Programa de Desarrollo Urbano (PDU), esto a pesar de que hace nueve años el ayuntamiento tiene en sus manos un borrador consensuado con autoridades y sociedad civil, pero que su cabildo optó por promover el Programa Municipal de Ordenamiento, Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS), un modelo híbrido diseñado por la administración del gobernador Carlos Joaquín González y que extralimita sus facultades para sobreexplotar. De acuerdo con una carta inédita, enviada el 13 de abril del 2021 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el ayuntamiento planeaba desarrollar unas 19 mil hectáreas selváticas en los próximos años.

Tulum vive un “crecimiento desordenado” como parte del dinamismo inmobiliario de Playa del Carmen y Cancún, aunque la diferencia es que este municipio es la puerta de entrada a Sian Ka´an, el principal reservorio de carbono en los manglares del país. Aun así, el gobierno de Tulum no ha realizado clausuras de obras -según documentos- ni ha iniciado denuncias en contra de desarrollos inmobiliarios que incumplen la ley. Fuentes del municipio que pidieron anonimato, señalaron que las clausuras son “hechizas” y se colocan para cobrar sobornos que van de 150 mil a 2 millones de pesos, dependiendo el tamaño y la ubicación de la obra.

Empresarios, activistas, funcionarios, organizaciones, biólogos y abogados ambientalistas coinciden en entrevista que esta crisis socioambiental se debe a cuatro razones: la falta de actualización del POEL y el PDU; la inefectividad de las autoridades ambientales de los órdenes federales, estatales y municipales; la especulación inmobiliaria; y la mínima voluntad de los jueces locales y federales para priorizar el derecho humano al medio ambiente sano.

“En México tristemente tenemos algunas desgracias ambientales; las que considero más aceleradas son el caso Tulum y el caso Puerto Vallarta (...) por eso estamos llevando dos casos importantes a nivel nacional; y para resolver será necesario invalidar jurídicamente el PMOTEDUS y llevar a cabo la formulación de un programa de ordenamiento ecológico”, dijo en entrevista la doctora María Luisa Albores, secretaria de Semarnat.

“Sí ha habido deterioro, sí ha habido ocupación ilegal, cada vez se ensanchan más, se ha querido ponerle un manto vistiéndolos de desarrollos exclusivos compatibles con el medioambiente (...) y lo cierto es que con el concepto aún más amigable, se están generando problemas con la generación de residuos, apertura de caminos, desplazamiento de vegetación, contaminación del agua”, señala el excomisionado nacional de Conanp, Luis Fueyo.

“Lo que está pasando en Tulum es parte de lo que está pasando en Quintana Roo y en todo México a raíz de las reformas constitucionales de los 90 que permitieron la privatización de los terrenos ejidales: se ha ido desencadenando un mercado inmobiliario muy intenso”, explica Gonzalo Amerediz, titular de la organización Amigos de Sian Ka´an.

"Se ha ido desencadenando un mercado inmobiliario muy intenso, a una velocidad que complica el manejo".

Gonzalo Amerediz, Director de Amigos de Sian Ka'an AC

Los entrevistados consideran que el boom inmobiliario no está ligado a la llegada de la estación del Tren Maya y el Aeropuerto, sino con conflictos de tierra. Sin embargo, los datos analizados revelan que hubo un crecimiento del 4915% de licencias de construcción entre 2016 y 2019, las cuales están aprobadas con planes de desarrollo desactualizados, yendo en contra de la Ley de Planeación para el Desarrollo de Quintana Roo.

Consultado sobre esta problemática, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló lo siguiente: “Los crecimientos de nuestras ciudades son totalmente dependientes de la oferta de trabajo que hay y parte de una gran cantidad de personas de otros estados y países que llegan a diario a estos lugares en búsqueda de oportunidades”.

“Este crecimiento vertiginoso hace que no haya suficiente avance en vivienda y servicios públicos por carecer de los recursos suficientes para alcanzar este ritmo de llegada. Y eso provoca que los planes se vean superados por el crecimiento demográfico totalmente diferentes al crecimiento de otras ciudades (...) De esta manera crecen Cancún desde hace 30 años, Playa del Carmen 18 años y ahora Tulum”, añadió.

Joaquín González también mencionó los recursos vía participaciones federales, pues cumplen con las condiciones de un censo de cada diez años y nunca se consideran los 350 mil visitantes diarios.

Una batalla presente

El conflicto hotelero en el ANP de Tulum no es nuevo. Se remonta al 13 de marzo del 2008 cuando el Congreso de Quintana Roo aprobó la creación del noveno municipio. Tulum nació de la división de Solidaridad, donde era alcalde Carlos Joaquín González, quien ahora es gobernador del estado por la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Para el 9 de abril de ese año, Joaquín González dejó el cargo para ocupar la Secretaría de Turismo local, aunque un día antes, el cabildo del ayuntamiento aprobó en una sesión fast-track “La Actualización del Programa de Desarrollo Urbano 2006-2030”.

Dicho plan incluía la mayor parte de las 664 hectáreas que se decretaron en 1981 para proteger el “Parque Nacional de Tulum”, solo dejando fuera la zona arqueológica. Así fue como el 28 de mayo la Semarnat interpuso una controversia constitucional 72/2008 en contra del ayuntamiento, la cual fue favorable para la federación en 2011, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Para el gobernador, dicho plan hablaba de ordenar las áreas naturales donde ya había construcción desde antes del nombramiento como parque.

Una década después del fallo de la SCJN y con 145 procedimientos iniciados contra los hoteles dentro del ANP, estos se mantienen operando, expandiendo su infraestructura y sus actividades, de acuerdo con documentos y un análisis de tomas satelitales de la última década.

“Nos quedamos con una excelente sentencia que debió ser ejecutada por el poder ejecutivo federal, y por el poder ejecutivo estatal y no se hizo. ¿Por qué no se hizo?, se pregunta uno, habiendo ya una sentencia firme de la corte. Porque de ese tamaño eran los intereses y de ese tamaño siguen siendo los intereses por apropiarse el sitio”, abunda Fueyo.

Sin embargo, el Estado no ha llegado a acuerdos de reparación con los propietarios, a decir de empresarios. “El simplemente decir: ‘pues es un inmueble federal, váyanse ustedes’, tampoco creo que sea una situación que prospere (...) ¿qué van a hacer si no estuvieran ahí estos hoteleros para proveer servicios?, seguramente la Conanp tampoco tiene capacidad para atender”, aseguró David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteleros de Tulum.

De los 17 procesos penales abiertos entre 2018 y 2019, la FGR respondió que solo una denuncia está judicializada; en cinco no se ejerció acción penal; y el resto se encuentran en “trámite”. N+Focus tuvo acceso vía transparencia a las 400 fojas de los expedientes, en los que se apunta que estos desarrollos cometieron presuntamente los delitos de “despojo, aprovechamiento o explotación de un bien nacional, así como delitos contra la biodiversidad”.

Para el representante de hoteleros de Tulum, David Ortiz, -a quien se le entregó una solicitud de entrevista con nombres de empresas y empresarios-, las denuncias son una estrategia errada, “porque no se legisló o se buscó resolver el problema de fondo en términos jurídicos, sino se buscaron todo tipo de artimañas para presionar a los propietarios”.

Entre los hoteles ubicados en el polígono de la ANP y que fueron denunciados se encuentran el Hotel Poc-na; Comunicaciones Gordolobo SA de CV; Hotel Beach Club Kai Tulum; Club de Playa Boa Beach; Casa Miramar; Hotel Playa El Paraíso; Beach Club Pancho Villa; Kore Tulum Retreat and SPA; Playa Esperanza Hotel Caribe; Dreams Tulum Resort and SPA; Hotel Beach Club Villa Pescadores; Mi Amor Boutique Hotel; Hotel Acuario; Mezzanine Tulum; así como propiedades privadas, cuyas razones sociales son desconocidas.

De acuerdo con cientos de actas constitutivas del Registro Público Comercial (RPC) de la Secretaría de Economía (SE), las empresas y/o particulares denunciados, corresponden a 107 empresarios, a veces constituidos en sociedades.

Algunos de los propietarios, socios o administradores de hoteles dentro del parque -según las denuncias- son Álvaro y Antonio Laviada Hernández; el empresario italiano Sandretto Locanin; el empresario estadunidense Roberto Abimerhi Frangie; así como José Escalante, David Graziano, Roberto Palazuelos, Felipe Ramírez González, Sara Imelda Vazquez Cerde, Magali Organista Bonola, Luis Alberto Alvarado Carrillo, Fortunato Pech Dzib, Libia Georgina Azueta Marzuca, Juan Carlos Pereyra Escudero, Sergio Amilcar Canto Contreras, Robert Ferrand, Roberto Constantino, Octavio Gutiérrez y Enrique Rubio.

Los propietarios denunciados acaparan 955 mil 428 metros cuadrados, aunque un mapa de catastros al que tuvo acceso N+Focus, señala que más de la mitad del Parque Nacional tiene propiedades con 91 dueños.

Los predios más grandes dentro de las demandas son una propiedad privada de 600 mil metros cuadrados, la cual tiene tres torres de seguridad con gente armada para resguardar los accesos. “Se observa desmonte de vegetación de selva mediana y construcciones”, dice la denuncia.

Igualmente aparece en tres ocasiones el Dreams Tulum Resort and SPA, el cual tiene 246 mil 400 m2, propiedad del empresario italiano Locanin, quien tiene sociedades con Sole Real State SA de CV; Portofino Maya SA de CV, Oaxaca Properties SA de CV; y Tulum Properties SA de CV.

“Dicho predio se encuentra ubicado en una zona de transición correspondiente a los ecosistemas de duna costera, manglar y selva mediana, en donde la vegetación original ha sido removida en su totalidad. De igual forma se tiene registro de la existencia de cenotes y ríos subterráneos que han sido afectados como resultado de las actividades que se realizan en el predio”, indica el expediente.

En el caso de Beach Club Camping Pancho Villa, cuyo predio es de 53 mil 695 metros cuadrados, ha sido denunciado 21 veces por la Profepa, la Conanp y la FGR, y sigue operando.

Entre ellos también ha figurado el hotel Diamante K Resort de una hectárea, perteneciente al actor y empresario Roberto Palazuelos, quien es dueño de empresas como Ahau Eco Garden, Experiencias Diamante VIP, No todo lo que brilla es oro, NA Glass, entre otras. En los años 2004, 2006, 2011, 2015 y 2016 -de acuerdo con un registro obtenido vía transparencia- fue denunciado por presuntamente modificar el área y por remover sellos de clausura de la Profepa.

Uno de los procesos que ha sostenido la federación dentro del parque nacional es el de Palazuelos. Él interpuso el amparo 496/2007-II-A y tras seis años de litigio, en contra de la expropiación, ganó en septiembre de 2012. Este fue decretado por el expresidente Felipe Calderón en el Diario Oficial de la Federación. Según fuentes de autoridades ambientales, actualmente no hay alguna contra del Diamante K.

Construcciones ilegales dentro del ANP

De igual modo aparecen el Hotel Pocna con siete denuncias; Kore Tulum con tres; así como Caleta Tankah, Hotel Andreas Tulum, Playa Las Palmas, Kitchen Table, Moonlight Beats, Mayan Madness, Diamante K, Eco-Villa Alux, Mayan Grill, entre otros.

Según Carlos Meade, titular de la organización civil, Yaxché Árbol de la Vida, la infraestructura hotelera “se establece sobre la duna costera porque se vende mejor, porque está en la orilla del mar. Cuando necesitan crecer su hotel y ya no tienen playa se van para atrás, y atrás está el manglar (…) y esa es la dinámica que se está dando en Tulum todos los días”.

Devastación ambiental

Fuera del Parque Nacional, la estructura política-empresarial-ejidal también tiene negocios en la zona costera. Si bien esta parte del municipio no está dentro del polígono del ANP, sí posee flora y fauna protegida por la Semarnat. La Profepa ha interpuesto 141 de las 288 denuncias registradas desde 2005 hasta la fecha.

Según el artículo 418 del Código Penal Federal, los delitos de desmonte o destrucción de vegetación natural y cambio de uso del suelo forestal, son acreedores a una pena de seis meses a nueve años de prisión y de 100 a 3,000 días de multa; en tanto que el 420 Bis Fracción I establece de dos a 10 años de prisión a quien “dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos”.

Sobre lo anterior, el representante de hoteleros en Tulum apuntó que Conanp realizó “una serie de denuncias legales utilizando a la Profepa o a la entonces PGR -ahora FGR- para presionar a quienes estaban en esa zona”.

Consultados sobre los delitos cometidos por inmobiliarias, el área de comunicación social de Profepa no respondió al cierre de edición. Tampoco respondió la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo al considerar que son temas que le corresponden a la federación.

Por otra parte, un informe interno de Semarnat de septiembre de 2021, al que tuvo acceso N+Focus, revela que como parte de la “estrategia de ordenamiento”, se detectaron 232 de 489 negocios sin permiso para operar en la Zona Federal Marítimo Terrestre; el resto está en proceso de que se analice su cumplimiento de normatividad.

Entre los hoteles, restaurantes y condominios que están fuera de la ANP y que fueron denunciados están Papaya Playa Project; Desarrollo Punta Allen SA de CV; Tankah Bay Vacation S de RL de CV; Hotel Bahía Príncipe; Playa Caribe Condominios; Centro Comercial Chedraui; Fraccionamiento Akumal Caribe; Hotel Bahía Zamas; entre otros.

Durante varios recorridos realizados en la zona costera por este equipo, se localizaron al menos una decena de negocios con sellos de clausura de la Profepa.

“No es que estemos en desacuerdo con el crecimiento, estamos en desacuerdo con el crecimiento desordenado y depredador”, señala Karla Acevedo, directora de Tulum Sostenible.

“Estamos en desacuerdo con el crecimiento desordenado y depredador”.

Karla Acevedo, Directora de Tulum Sostenible SC

Fuentes y videos a los que tuvo acceso N+Focus detallan que en los predios de Rosa Negra, Bomboniere y Macario -tres restaurantes y clubes de lujo- se removieron presuntamente manglares para rellenarlos. “Esos predios los renta el ejido a estos grupos y construyen sin ningún límite dañando todo el mangle y lo que esté a su alcance”, refiere un empresario que pidió anonimato.

En el caso de Bomboniere -un after que cobra 500 dólares de cover-, se les clausuró por la remoción de vegetación. Una fotografía corrobora esta clausura, aunque ya no aparecía, de acuerdo con los recorridos realizados en febrero y abril por este equipo.

A esta altura de Boca Paila también se desmontó manglar para abrir una vialidad; esta fue inaugurada por el exalcalde Víctor Mas Tah. Sin embargo fue denunciado ante la Profepa el 4 abril del 2021, por no tener Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Esto sucedió luego de que el ayuntamiento publicara el PMOTEDUS, el cual les permite dar permisos que le corresponden a la federación. Por ello, la Semarnat desconoció este Programa.

Por delitos como la modificación de terrenos forestales, la Dirección de Delitos Federales de la Profepa ha interpuesto 15 denuncias penales, de las cuales 11 fueron en 2021; las razones sociales fueron reservadas, ya que están activos ante la FGR.

Por otra parte, la Profepa solo ha clausurado 46 desarrollos, cuyas multas ascendieron a los poco más de 6 millones 477 mil pesos, aunque solo tres construcciones continúan clausuradas; la sanción más alta de estas fue a la Inmobiliaria Pure Concepts Boutique Hotels SA de CV por dos millones 300 mil pesos.

Un informe interno de Semarnat, fechado en septiembre de 2021, da cuenta del “Operativo Tulum” realizado en 14 predios, cuyo resultado fueron 12 clausuras por “desmonte de vegetación de selva subperennifolia, manglar y palmar; apertura de habilitación de caminos de acceso; relleno de humedales; inicio de construcciones”.

“La devastación del mangle y de toda la parte que está atrás de la zona costera, no se ha regulado mucho”, agrega la empresaria italiana, Verónica Genovali.

“Tulum carece de ordenamientos claros que restrinjan el desarrollo urbano (...) Vemos dentro y fuera del parque, tierra con la que se especula mucho, cada vez sube de valor, tiene mucho éxito, y esto causa un desequilibrio”, abunda el empresario Ortiz.

Explosión inmobiliaria

De acuerdo con una revisión de licencias de construcción del ayuntamiento de Tulum en la Plataforma Nacional de Transparencia, se han emitido 2 mil 493 autorizaciones durante el periodo 2016 al primer trimestre de 2022. Sin embargo, hubo un crecimiento exponencial cuando pasaron de 34 en 2016 a mil 268 en 2019.

Para que las licencias sean autorizadas por el municipio, los desarrolladores deben presentar las MIA de tipo estatal y federal. Sin embargo, el número de permisos en contraste con las manifestaciones federales de particulares sometidas a consulta pública se van por los suelos: en periodo del boom inmobiliario, la Semarnat reportó 58 que corresponden a desarrollos inmobiliarios y turísticos, excepto una obra pública.

Por otro lado, no es posible conocer las MIA estatales, ya que la SEMA omitió elaborar y publicar los listados de proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental. Por esa razón, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó un amparo el 1 de octubre de 2020, el cual fue favorable para la organización el 11 de marzo pasado por el Tercer Tribunal Colegiado en Cancún.

Solo 2% de licencias de construcción cumplen ley ambiental
2019 -2021

De acuerdo con la base de datos, entre las empresas con más licencias están North American Heavy Equipment SA de CV, BP Promotions SA de CV, Zama Desarrollos SAPI de CV, Desarrollos Punta Piedra II SA de CV, Aspen & CO SA de CV, 160 Arquitectura SA de CV, Casa Picola, Dagiussano SA de CV, entre otras.

Algunos de los desarrolladores más importantes son Rodolfo Rosas y Rogerio Dos Santos. Rosas es dueño de las empresas Inmoterra Tucano SAPI de CV y Zama Desarrollos SAPI de CV, y Mayazama SA de CV. Esta última construye el conjunto de condominios de lujo denominados “Aldea Zama” -antes llamado Downtown-. Este proyecto establecido en 77 hectáreas de selva cruzó por una polémica en 2008 cuando fue cuestionado por organizaciones ambientales.

Incluso hubo un punto de acuerdo en el Senado para que la Semarnat revocara la autorización. “Es presumible que la construcción de este megaproyecto traerá un fuerte impacto ambiental”, apunta la conclusión de la Comisión Permanente.

Aldea Zama fue denunciada en 2008 por la Profepa, según documentos. Consultado al respecto, Rosas señaló que ha sido la única denuncia y que se debió a que no notificaron a las autoridades que localizaron un cenote cuando trazaban un camino. Sin embargo, la Procuraduría abrió otro procedimiento el 22 de septiembre de 2021, del cual derivó una clausura, resultado del “Operativo Tulum” de la Semarnat.

No obstante, Rosas explica: “Tenemos una MIA de la fase 2 de algunos sectores que estamos desarrollando, no hemos sacado las MIA de todo completo porque tú requieres saber qué vas a hacer”.

Rosas -cuyos socios son Emilio Díaz Castellanos y Oswaldo Millet Palomeque, dueños de Inmobilia- apunta que el megaproyecto cuenta con todos los permisos ambientales en regla y que la inversión de infraestructura es única en Tulum frente a la falta de servicios básicos, la cual costó para el desarrollo 500 millones de pesos. .

“Yo no hago un metro cuadrado de desarrollo si no tengo agua, drenaje y electricidad”, señala Rosas, quien fue uno de los tres empresarios que aceptó la entrevista con N+Focus entre los 51 empresarios y empresas que se les buscó a través de la asociación hotelera y evadieron hablar con este equipo.

Respecto al empresario brasileño, Dos Santos es dueño de las inmobiliarias Playa Akumal SA de CV, Condominios y Constructora Playa SA de CV, Gran Xelha S de RL de CV, Tankah Homes S de RL de CV y Tankah House S de RL de CV, según actas. Dos Santos fue denunciado por la Conanp en 2019 por desarrollar una construcción dentro del ANP, de acuerdo con la relación obtenida. Además, según el registro oficial, Tankah House fue denunciada en 2012, pero la Procuraduría finalmente no los multó.

Propietarios del giro inmobiliario, así como políticos, ejidatarios y actores figuran entre las 288 denuncias realizadas por la Conanp y la Profepa, de las cuales 216 fueron en contra de hoteles y desarrollos; 25 a centros comerciales; y el resto entre estacionamientos, condominios, restaurantes, clubs, bares, parques y el aeropuerto.

Lejos de que estas denuncias sean un freno y, a pesar de que la Conanp emitiera vía oficio una alerta a las notarías de Quintana Roo para que dejen de dar fe a actos de titulación de la propiedad dentro del polígono del ANP, las ventas de terreno continúan. N+Focus buscó la posición de Fernando Orozco, quien ahora es el Director Regional de la Conanp del Caribe mexicano, sin respuesta al cierre de edición.

De acuerdo con una revisión de anuncios inmobiliarios en redes sociales, hay al menos dos anuncios de terrenos dentro del Parque Nacional de Tulum y de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an. También decenas de estos en los límites de los polígonos.

“Ahora se están parcelando, se está subdividiendo, se están vendiendo, de tener una asamblea ejidal que tomaba decisiones sobre un territorio específico, ahora tenemos una asamblea ejidal, pero además decenas, cientos o miles de pequeños propietarios que han estado comprando tierra”, apunta Merediz.

Una década en el poder

El desarrollo de Tulum ha recaído en una familia política, cuyo coto de poder se ha mantenido en la zona desde que se creó el municipio. Se trata de Marciano Dzul, quien pertenece al Ejido Tulum y ha gobernado directa o indirectamente el municipio desde su creación.

Dzul Camaal gobernó primero entre 2009 y 2011; después Edith Mendoza, cuya duración fue de poco más de un año tras confrontarse con el exgobernador, Roberto Borge; luego, como consecuencia de lo anterior, siguió de interino Martín Cobos, un amigo cercano a Dzul, a quien llama “Cobitos”.

Ya para el periodo 2013 a 2016 fue turno de David Balam, quien incluso fue socio de Dzul en una empresa; aunque tiempo después Marciano lo distanció de su proyecto, ya que Balam no acataba sus órdenes, según fuentes municipales. Tras él quedó la hermana de Dzul, Romualda, quien estuvo hasta 2018, año en que continuaba gobernando el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para ese momento, el ya denominado “cacique de Tulum”, era conocido por estar detrás del municipio. Por ello llegó Víctor Mas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN). Si bien Mas fue cercano a Dzul en el PRI, más tarde cada quien optó por un distinto proyecto político. Pero en las nuevas elecciones para gobernar hasta 2024, las ganó de nuevo Dzul, ahora con Morena.

Este crecimiento desordenado concuerda con las administraciones de este grupo de políticos que congelaron las actualizaciones de un PDU y un POEL.

Si bien Dzul no está ligado directamente a empresas inmobiliarias o terrenos destinados a ese tipo de desarrollo, N+Focus detectó que uno de sus familiares sí está vinculado a un desarrollo turístico ubicado en la Laguna de Kaan Luum.

Se trata de su hermano Cenobio, quien junto con otras nueve personas conforman el Parque Ecoturístico Kaan Lum. De acuerdo con el acta constitutiva, el parque lo desarrollarán en un terreno de 298 mil metros cuadrados, asignados por la asamblea ejidal de Tulum en 2013. Cenobio funge como presidente en tanto que el tesorero es Santiago Pech, exfuncionario del periodo de Balam, y ahora particular de Dzul.

En este esquema, uno de los principales enlaces de la iniciativa privada inmobiliaria, de acuerdo con fuentes, es el actual secretario general, Jorge Portilla. No solo ha sido coordinador de campaña y director de desarrollo urbano de Mas Tah, sino que ahora es secretario general de Dzul.

Portilla es dueño y socio en 20 empresas, la mayor parte inmobiliarias. Ni él, ni Dzul, han presentado sus declaraciones patrimoniales y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, Portilla respondió en entrevista: “Mis empresas, se manejan a través de mi equipo de colaboradores (...) no soy proveedor de nada, que tenga que ver con el gobierno para no caer en conflicto de intereses”.

“En el ámbito de mis empresas, lo que yo hago es producir materiales que se lo vendo a las constructoras a través de mi empresa (...) entonces me he metido básicamente a la política o a los cargos públicos que ha aceptado no por saquear las arcas, sino por aportar parte de mi trabajo”, agregó.

A lo largo de estas administraciones se presentaron los mayores ascensos de licencias de construcción, con acciones presuntamente irregulares del ayuntamiento.

Una revisión de 250 licencias de construcción elaborada por N+Focus estableció que se autorizaron bajo los programas de 2001 y 2008. Es decir, se aprobaron con las normativas desactualizadas, pese a que la Ley de Planeación para el Desarrollo de Quintana Roo prevé que se deben aprobar con base en los planes de desarrollo municipal generados cada tres años.

Actualmente el cabildo de la administración de Dzul no ha impulsado un programa de desarrollo ecológico y urbano, aunque este se comprometió a través de sus promesas de campaña. En la segunda petición de la carta se apunta que “actualmente los instrumentos de planeación urbana se basan en planes y programas que cambian los usos de suelo y las densidades urbanas de forma arbitraria, sin sustento técnico, científico, ambiental, urbano, jurídico, o hidrológico”, dice la carta firmada, cuyos testigos fueron el activista Meade y la empresaria Genovalli.

Uno de los problemas locales es el desarrollo de la infraestructura, mientras en el municipio solo la poseen construcciones de lujo como Aldea Zama. De acuerdo con elInforme anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022, el 62% de la población no tiene servicios básicos en la vivienda; el 63.8% no posee acceso al agua; y el 85.5% sin drenaje.

Hay 102 concesiones de agua autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en esta demarcación. Entre los que destacan 68 desarrollos inmobiliarios. Promotora Ecotur SA de CV, Tulum Properties SA de CV, Representaciones Turísticas SA de CV, Paraíso Akumal Resort SA de CV. acaparan el 67% de los volúmenes de agua del municipio.

Al cierre de edición, la Alcaldía de Tulum no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas desde el pasado 26 de enero, y tampoco contestó el cuestionario dirigido; por su parte, Dzul respondió que estaba imposibilitado por la veda electoral.

Principales concesiones de agua en Tulum

Construir al límite

A unos 25 kilómetros del “Parque Nacional de Tulum” se localiza el área natural protegida de orden estatal “Santuario de la Tortuga Marina Xcacel y Xcacelito”, las cuales avistan entre mayo y octubre arribazones de tortugas blancas y caguamas, que en promedio realizan 5 mil nidos, de acuerdo con los monitoreos oficiales.

Según Alejandro Arenas, director de la reserva, la conservación de las dunas y los manglares son vitales para que las tortugas aniden. Sin embargo, durante los recorridos de N+Focus en febrero y abril, se constató que en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, ubicadas a un costado del santuario, hay maquinarias excavando duna que aglomeran en un montículo de unos 15 metros aproximadamente.

Pese a que los registros del campo tortuguero detectaron que las tortugas no solo llegan al santuario, sino a las playas contiguas, en esta zona se ha empujado un megadesarrollo hotelero de casi mil 300 habitaciones desde 2003. Los tortugueros han registrado daños.

“Aunque las tortugas son fieles a una zona de anidación también comparten otras playas. Un cierto porcentaje se mueve y ese puede ser afectado a los alrededores”, detalla Arenas.

Esta mega obra pertenece a Hilton, ya que la cadena le compró su participación a Promotora Ecotur por 59.8 millones de dólares, según El Economista. Se llama “Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort” y en su página anuncian renders con nueve piscinas, 13 restaurantes y bares.

Este proyecto continúa en obras sin importar que los efectos del turismo tengan repercusiones con las arribazones de tortugas, a decir de los especialistas.

“Las tortugas caguamas son muy susceptibles. Ellas a pesar de todos estos años de programas de protección no han levantado sus números, siguen igual y eso es muy preocupante (...) Lo único que encuentran son hoteles, ruidos, luces, camastros”, dice la bióloga Miriam Tzeek, integrante de Tulum Sostenible y tortuguera en Xcacel, quien agrega que este sitio es único por albergar el mayor número de caguamas.

“Lo que suceda alrededor o a los lados puede afectar al Santuario. Si hay mala conservación hacia los lados puede ser que afecte”, comenta el director de la reserva.

No es la primera vez que un desarrollo inmobiliario pone los ojos encima de la reserva. Araceli Domínguez, presidenta de Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y activista ambiental, ha peleado por este ecosistema para que no se establezcan desarrollos desde los años 90. Domínguez junto a la sociedad civil presionaron para que fuera decretada el área, pues querían construir cinco hoteles.

Ahora con el Hilton, las construcciones avanzan cada vez más y las transformaciones son notorias, de acuerdo con fotografías, tomas aéreas y registros satelitales consultados por N+Focus. La MIA presentada para el proyecto detalla que realizaron de manera artificial tres arrecifes, tres caletas y una duna.

“Quitaron una duna, que era una duna perfectamente conservada para poner una artificial; quitaron la playa para hacer caletas; quitaron las caletas para hacer playa artificial; dragaron el mar para poder rellenar las playas artificiales; pusieron espigones en una zona hermosísima, pusieron arrecifes artificiales donde el arrecife está natural”, reclama Domínguez.

Actualmente GEMA y ciudadanos de Tulum han interpuesto los amparos 362/2020, 337/2020 y 849/2020 -a los que tuvo acceso N+Focus- donde demandan ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún las omisiones de las autoridades ambientales por emitir autorizaciones de impacto ambiental y permitir trabajos de desmonte, construcción y obras, a pesar de que existen planes de manejo para preservar los alrededores de impactos, contemplados en “Xcacel-Xcacelito”, la “Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano” y el “Refugio para la Protección de Especies Marinas Bahía de Akumal”

“Tenemos interpuestos tres amparos: uno que está a mi nombre, otro a nombre de dos ciudadanos, y otro a nombre de varios niños; el juez se ha portado mal porque tiene dos años con el caso, y le sigue dando largas”, añade Domínguez.

Uno de los amparos fue interpuesto por niños de Chemuyil el 25 de mayo del 2020. Unos días después el juzgado concedió una suspensión provisional para frenar los trabajos de remoción de vegetación, relleno e ingreso de retroexcavadoras, camiones y volquetes. Pero más tarde, el juez negó la suspensión definitiva al considerar que “los quejosos no cuentan con interés legítimo”, esto pese a las posibles repercusiones ambientales y el derecho a un medio ambiente sano.

Sumado a lo anterior, cinco organizaciones -Defenders of Wildlife, GEMA, CEMDA, Comité Estatal de Tortugas Marinas de Quintana Roo, así como Flora, Fauna y Cultura AC- presentaron 30 argumentos jurídicos y científicos durante una consulta pública solicitada a la Semarnat.

“Las construcciones representarán un obstáculo tanto para las hembras anidadoras como a las crías al buscar el mar. La importancia de Chemuyil radica en la cantidad de nidos por metro cuadrado que le otorgan el tercer lugar de playa de importancia de anidación de la tortuga blanca y el segundo de tortuga caguama”, refiere la asociación Flora, Fauna y Cultura.

Al respecto, la oficina de prensa de la cadena de hoteles Hilton en América Latina, señaló en respuesta a un cuestionario que “supervisa la administración de esta propiedad y se compromete a proteger el medio ambiente en el que residen nuestros hoteles. Hemos desarrollado pautas específicas para que nuestras propiedades reduzcan su impacto ambiental y apoyen a su comunidad local”.

También se buscó la posición -a sugerencia de Hilton- a través de un cuestionario a Octavio Vázquez Gutiérrez, director técnico ambiental de la empresa Sistemas Estratégicos para la Gestión Ambiental, quien al cierre de edición no respondió.

Para los expertos consultados, el caso de Xcacel y Xcacelito ejemplifica el método para evadir delitos ambientales. Lo primero consiste en construir en los límites de las áreas protegidas, como parte de un vacío legal, ya que será menor la penalidad; la segunda, comenzar a construir sin autorizaciones, contemplando el gasto de la multa; la tercera, desconocer a los trabajadores empleados para remover flora o fauna, y luego culparlos; y la cuarta, esperar el proceso judicial para que la autoridad se desgaste, frente a la falta de personal en las áreas jurídicas.

“No tienen las autorizaciones en impacto ambiental y construyen así”, apunta el abogado Efraín Alavez, quien es consultor en desarrollo urbano en Tulum.

En cuanto a las sanciones de las autoridades, traducidas en multas, la directora de Tulum Sostenible, explica que la mayor parte de los inversionistas “tienen asumida la multa en su presupuesto de inversión”. Mientras que en el escalón judicial, empieza un proceso de desgaste cuando la autoridad desecha pruebas: “Construyen encima, y cuando llega una denuncia, dicen que no hay manglar. ¿Cómo le compruebas? Nosotros hemos hecho muchas demandas sobre destrucción de manglar”, dice Meade.

Alavez considera que no hay flagrancias porque las autoridades ambientales de orden federal y estatal “no están vigilando y haciendo inspecciones para saber si estas obras cuentan con sus autorizaciones”.

Pese a todo ello, el gobierno en turno no ha revertido los avances de esta megaobra. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado durante la conferencia de prensa en 2020. Pero la Semarnat no ha actuado. Al contrario, resolvió como viable el megadesarrollo pese a la treintena de argumentos.

Apenas el 11 de mayo de 2022, el gobernador, Carlos Joaquín, asistió junto al alcalde Dzul, a la inauguración de este resort y el Conrad Tulum Riviera Maya. “La oferta hotelera de Quintana Roo crece y con ello los empleos y el turismo”, escribió en sus redes sociales.

Dos días después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 90/2022 a la Semarnat, Profepa y la Secretaría de Marina por “violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica a la legalidad, al debido proceso y al acceso a la justicia, por las omisiones para garantizar la protección y preservación de las playas de Chemuyil-Chemuyilito, dentro del área natural protegida Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano”.

Tulum sin ley

El vacío legal ha permitido a la iniciativa privada, los ejidos y el municipio implementar desarrollos dentro y fuera de las ANP de Tulum. Desde que se creó el municipio de Tulum en 2008 no se ha impulsado un POEL y un PDU.

Los últimos dos intentos de programas, en marzo de 2008 y mayo de 2021, fueron desconocidos por la autoridad, porque extralimitaban sus alcances legales, es decir querían construir en selva, saltándose a la federación (el de 2008 ya resuelto a favor del Estado en la SCJN). El más reciente, promovido fast-track por el gobierno de Víctor Mas -cuya mayoría en el cabildo es de Dzul- fue nombrado PMOTEDUS.

Según un reporte interno de Semarnat, el PMOTEDUS lo impulsó el gobierno de Carlos Joaquín a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, basados en la Ley Estatal de Asentamientos Humanos “para establecer las condiciones para el desarrollo urbano, turístico y de la infraestructura en comunicaciones”. Es la llamada “ley casitas”.

Sin embargo, el gobernador Carlos Joaquín señala que “los programas de desarrollo urbano los hacen los municipios, no los hace el Estado, el Estado participa con ellos en consultoría, en apoyo, y en ayuda; el municipio generó esta situación”.

Pero pareciera que los PMOTEDUS se publicaron en armonía, ya que tres municipios de Quintana Roo, entre ellos Tulum, tienen controversias constitucionales por las mismas problemáticas. Según el abogado Alfonso Ocampo, experto en desarrollo urbano y quien ha participado en los comités, el PMOTEDUS nació después de que “mezclaron todo lo urbano y lo ambiental y salió ese híbrido que no tiene ni pies ni cabeza; aquí se conoce como ‘programa Frankenstein’ porque no tiene forma, no hay una metodología”.

Cuando se publicó el PMODETUS, las organizaciones y activistas de Quintana Roo interpusieron amparos. De acuerdo con el amparo 454/2021, interpuesto en el Juzgado Séptimo de Distrito, al cual tuvo acceso N+Focus, se ordenó que se suspendiera “la expedición de licencias de construcción, ampliación y similares”. Aunque la vialidad ilegal trazada por el gobierno de Mas alcanzó a salir con este programa.

Por ello la unidad jurídica de la Semarnat inició la controversia constitucional 68/2021 porque “contiene una serie de faltas e incongruencias relevantes que propician el deterioro ambiental del municipio y del estado de Quintana Roo”.

Según la secretaria Albores, el proceso de la controversia constitucional no tiene novedades y están a la espera de la sentencia para proceder de acuerdo a los términos que la Corte determine. Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín apunta que “había algunos comentarios que nosotros también habíamos incluido; hoy lo tienen en una revisión con el propio Semarnat y el Ayuntamiento y nosotros estamos para tratar de llegar a que haya un acuerdo”.

Sobre la advertencia de la Semarnat en torno a la explotación de 19 mil hectáreas de selva, el mandatario respondió que “necesitamos un plan que tenga estas capacidades y estas posibilidades y volvemos a caer en que no pensemos en 19.000, sino en menos, entonces lo que va a ocurrir, es que el programa se va a ver rebasado en el crecimiento que esta ciudad tiene y mucho de lo que ha ocurrido es precisamente eso, la falta de conocimiento del lugar”.

La relevancia del POEL radica en que regularía desarrollos inmobiliarios que se hacen alrededor de las áreas protegidas, sin que existan los vacíos legales actuales.

Han transcurrido cuatro administraciones sin que Tulum tenga un ordenamiento ecológico y, en cambio, han dado paso a un par de intentos para seguir explotando la tierra, dos de ellos impulsados por el actual gobernador de Quintana Roo, cuando era alcalde en 2008, y ahora en su calidad de gobernador en 2021.

Ante este panorama, como una suerte de remedio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha anunciado la creación de una nueva área natural protegida en Tulum. No obstante, sin las debidas regulaciones y el desarrollo de infraestructura necesaria, consideran los expertos que la llegada de una estación del Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum, provocará una “densificación” más grande.

Al paso de los años, las estructuras de poder político, empresarial y ejidal se han beneficiado sin las actualizaciones de marcos jurídicos. Así, la máquina inmobiliaria avanza dentro del parque nacional que erige nuevas construcciones, al tiempo que las denuncias se agolpan en los escritorios de las autoridades federales sin detener el paraíso ilegal. Hace muchos años Tulum está a la venta y la autoridad no quiere actuar.