Desaparecidas e ignoradas: el peligro de ser mujer en Nuevo León

Nuevo León es uno de los estados más peligrosos para las mujeres. En los últimos cinco años se encuentra entre los territorios con mayor número de feminicidios, desapariciones y denuncias por violencia de género o trata para fines de explotación sexual. El gobierno estatal, sin embargo, mantiene la narrativa de que no existe un problema de criminalidad.

Desde 2020 las autoridades incumplen la ley federal de desapariciones y registran como “no localizada” a la mayoría de mujeres (y hombres) a los que se busca. Esto tiene una consecuencia: que legalmente no son consideradas víctimas de delito, lo que dificulta la investigación. De hecho, la fiscalía estatal solo abre carpeta por desaparición en uno de cada cuatro casos incluidos en el registro nacional.

N+Focus entrevistó a decenas de familiares de víctimas, activistas y funcionarios que trabajan en el ámbito de la desaparición de mujeres, la trata y los feminicidios. Todos, salvo las voces oficiales en el estado, coinciden en que existen fallas estructurales tanto en la investigación como a la hora de abordar el problema con perspectiva de género. También realizó decenas de solicitudes de transparencia que muestran cómo el gobierno estatal trata de minimizar el problema.

Después de semanas tratando de conocer la opinión del gobernador, Samuel García, N+Focus tuvo que abordarlo en la calle. Su respuesta se limitó al compromiso de “trabajar” en la problemática.

La comisionada de búsqueda de Nuevo León, María de la Luz Balderas, aseguró que se rastrea a todas las personas “como si estuviesen desaparecidas”, aunque en realidad no lo están. Pero lo cierto es que en los últimos cinco años hay más de 900 mujeres de las que no se conoce su paradero. El caso de Debanhi Escobar Bazaldua, desaparecida y hallada sin vida en abril de 2022, se convirtió en símbolo de un fenómeno que golpea especialmente al estado norteño.

Los expertos achacan el subregistro a dos opciones: familias que no denuncian y expedientes que no llegan a investigarse porque la fiscalía no las considera víctimas.

Al tratar de explicar las desapariciones de mujeres existen dos hipótesis fundamentales: el feminicidio y la trata para fines de explotación sexual.

Pero las investigaciones son deficientes.  

N+Focus revisó dos bases de datos que incluyen las identidades de más de 1 mil 700 mujeres desaparecidas en Nuevo León, detectando fallos como incluir la colonia del lugar en el que se puso la denuncia como zona en la que fue vista por última vez. Esto supone una dificultad añadida a la hora de la búsqueda. Además, la mayor parte de datos personales relevantes para una localización, como la altura, la forma de la cara o el color de los ojos, permanecen vacíos. En algunos casos, familiares de las desaparecidas denunciaron que no se les pidió fotografía de la víctima al momento de realizar la denuncia.  

Para el momento en el que apareció el cuerpo de Debanhi Escobar y estalló el escándalo, las autoridades sabían que existía un incremento en las agresiones y la impunidad. En 2016 se aprobó una alerta de género para cinco municipios (Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Juárez y Cadereyta) que implicó un desembolso de al menos 120 millones de pesos para diversas iniciativas, como capacitaciones, compra de vehículos, iluminación o equipamientos. A pesar de esta medida extraordinaria, la violencia contra las mujeres se disparó a partir de 2018. Cuatro de los cinco municipios con más mujeres desaparecidas (Monterrey, Apodaca, Guadalupe y Juárez) siguen siendo los que recibieron una atención prioritaria seis años atrás.

Le ocurrió a Jennifer Xiomara Medina Gallegos, de 20 años y desaparecida el 5 de junio de 2022, cuando fue vista por última vez en la colonia Reforma del municipio de Juárez, en Nuevo León.  

Desapareció dos meses después de Debanhi Escobar, pero las fallas en su expediente muestran que nada cambió al interior de la Fiscalía.  

Su familia apenas vió algunas partes de la carpeta de investigación y sin opción a disponer de una copia. Incluso la ficha en la que se muestra su fotografía viene con errores: dice que desapareció en la colonia Vistas del Río, en Juárez, pero ella fue vista por última vez en Reforma, ubicada a más de 6 kilómetros, un trayecto de 20 minutos en coche desde su vivienda. “Ya se los dije, pero no me han hecho caso”, explica su madre, Nancy Gallegos.

“La llevé a la ruta del camión y se fue. Luego al siguiente día me hablan bien tempranito, como las 12 del mediodía, que a mi hija que hiciera algo porque se la había llevado un muchacho y que pues que ese muchacho le puede hacer daño”, recuerda Nancy, sobre la última ocasión en la que vio a su hija.

En Nuevo León, cuando una persona desaparece, sus familiares deben acudir ante el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), una unidad de la fiscalía que atiende las primeras 72 horas y que fue fundada en 2014. En caso de que siga sin localizarse, el expediente pasa a la Fiscalía Especializada en Desapariciones, que opera desde 2017.  

Las pistas que sigue Nancy han llegado a través de Facebook. Le cuentan que un tipo se había encaprichado con su hija, que le abordó en un concierto de música colombiana, pero que ella no le hizo caso. Que ese mismo tipo ofreció dinero a otra persona para atraerla. Que Jennifer fue asesinada. Que sus restos están enterrados en un terreno baldío ubicado en la colonia Reforma, el lugar en el que fue vista por última vez.

Ella no se atreve a desplazarse al lugar, ya que recibió amenazas a través de otra de sus hijas. Así que su suerte está en manos de los fiscales. “Pido que acelere la búsqueda de ella, porque ya son cuatro meses y hace ya pasadito el mes que estoy recibiendo sus mensajes de que mi hija está enterrada”, dice.

Oficialmente, el caso de Jennifer Xiomara es una excepción en Nuevo León. Según las autoridades estatales, no hay un problema de criminalidad y las mujeres desaparecen por propia voluntad.  

“No existe una crisis de desapariciones. Hemos hecho un contexto y tenemos entrevistas de las mujeres que se han ido localizando y la mayor parte de ellas han sido por diferentes causas, pero no porque fueron víctimas de desaparición forzada, pudieron haber sido víctimas de violencia familiar”, dijo la comisionada de búsqueda de Nuevo León, María de la Luz Balderas, en entrevista con N+Focus. 

La funcionaria mantiene este discurso desde abril de 2022, cuando fue hallado en Apodaca el cuerpo de María Fernanda Contreras, de 27 años. El cadáver apareció en el mismo lugar en el que sus familiares pidieron que se buscara desde el primer momento. Apenas 24 horas después, Debanhi Escobar fue vista por última vez por un taxista que la dejó abandonada en la carretera que une Monterrey y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El gobierno dice que las mujeres no desaparecen en Nuevo León pero las cifras lo contradicen. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), más de 900 faltan en sus hogares desde 2018, una cada dos días.

El gobierno, sin embargo, no las contabiliza como desaparecidas.

Desde 2020, último año de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” al frente del Ejecutivo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) revela que Nuevo León ignora la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas e inscribe la mayor parte de sus registros como “no localizado” en lugar de “desaparecido”.  

Esto tiene su importancia. 

Según la ley, “desaparecido es a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito”.

Según el Protocolo Homologado de Búsqueda, se considera que cualquier persona ha sido víctima de delito cuando sigue sin ser localizada y transcurre un plazo de más de 72 horas. Además, este documento considera que hay que aplicar la perspectiva de género y dar por supuesto que siempre que una mujer está sin localizar ha podido ser víctima de un delito.  

A pesar de ello, en los últimos cinco años Nuevo León inscribió apenas al 50% como “desaparecidas”, mientras que a nivel nacional está en 80%.

La diferencia se establece a partir de 2020, cuando la CNB presentó la versión pública de su registro y las autoridades de Nuevo León cambiaron el modo en el que contabilizan a sus desaparecidas.

Por ejemplo, en 2021, el año en el que según la CNB el estado norteño registró su récord de desapariciones se contabilizaron 754 personas desaparecidas o no localizadas, de las que 210 eran mujeres. Sin embargo, solo 11 fueron contadas como “desaparecidas”, mientras que el resto se mantienen como “no localizadas”.  

Según explica Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, esto tiene impacto en las investigaciones. “Nos hemos pronunciado en contra del concepto y la figura del no localizado; estar en este limbo jurídico tiene consecuencias negativas en la búsqueda de personas desaparecidas”, explicó, en entrevista con N+Focus. Según explicó, hay cosas, como pedir una sábana de llamadas o la geolocalización, que solo pueden hacer las fiscalías en el marco de una investigación.

En 2021, cuando supuestamente solo hubo 13 mujeres desaparecidas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió 180 carpetas de investigación por la desaparición de una mujer. De estas, 85 seguían en trámite en mayo de 2022, ya que el resto fueron localizadas. Es decir, que la fiscalía abrió investigaciones por desaparición únicamente en cuatro de cada diez casos. No sabemos qué ocurrió con el resto y la institución rehusó dar una entrevista para explicarlo. En octubre de 2022, el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, presentó su dimisión. Cinco meses después seguía sin ser sustituido.

Las diferencias entre mujeres desaparecidas y carpetas son todavía más significativas en años anteriores. En 2020, por ejemplo, hay 168 mujeres registradas como desaparecidas o no localizadas y la fiscalía tiene solo 32 investigaciones en curso, lo que supone una de cada cinco.

Esta contabilidad desapareció, en teoría, desde noviembre de 2022, cuando entró en vigor la nueva Ley Estatal de Desaparición y Búsqueda de Personas que elimina el registro “no localizado”. Pero no siempre las fiscalías hacen caso a estos mandatos.  

Nuevo León lleva años con tasas de desaparición de mujeres superiores a la media nacional. En 2021, por ejemplo, se disparó hasta el 7.42 por cada 100 mil mujeres, muy por encima del 4.45 por cada 100 mil que se registró en todo el país. Esto lo convirtió en el quinto estado con mayor número de desaparecidas, solo superado por Zacatecas, Nayarit, Morelos y Jalisco.

En estos últimos cinco años el registro de la CNB recoge 3 mil 064 personas desaparecidas o no localizadas en Nuevo León, de las que 939 son mujeres, lo que supone tres de cada diez personas ausentes. En una década este porcentaje se multiplicó por tres. El estado también está por encima de la media nacional en este ámbito. Según el mismo registro, 11 mil 794 mujeres estaban desaparecidas o no localizadas en México durante este periodo, el 25.3% del total.

La impunidad es uno de los graves problemas que afectan al estado en el ámbito. Según el Poder Judicial de Nuevo León, en la última década solo se obtuvieron siete condenas por desaparición forzada: cuatro en 2022, dos en 2021 y una en 2019.  

A pesar de este panorama, la secretaria de la Mujer, Graciela Buchanan, insiste en su mensaje: “No hay una ola de mujeres desaparecidas, hay una ola de mujeres que se salen de sus hogares, pero luego son encontradas y hay algunas mujeres que han sido unas cuantas que por la comisión de un delito no han sido localizadas y en algunos otros casos desafortunadamente ligadas a la delincuencia organizada”.

Entre 2018 y 2022 fueron encontradas con vida 3 mil 837 mujeres: la Fiscalía dijo no tener datos sobre si alguna de ellas fue víctima de un delito durante su ausencia.

Un exfuncionario con más de una década de experiencia en el ámbito de la seguridad en el Estado, que habló a condición de anonimato, reconoció el incremento de las muertes y las desapariciones de mujeres y consideró que estas obedecen a varias causas: la primera, la forma en la que Nuevo León contabiliza sus delitos. La segunda, el auge del crimen organizado y, especialmente, del consumo y venta de drogas. La tercera, un aumento de delitos como la violencia de género.

N+Focus tuvo acceso a una base de datos con las identidades de más de 6 mil 200 personas desaparecidas en Nuevo León, de las que más de 1 mil 700 son mujeres, más de la mitad ausentes durante los últimos cuatro años. 

Ana Paola Plata Perez, de 19 años, salió de su casa en Colinas del Aeropuerto, Pesquería, una zona popular a las afueras de Monterrey, en la tarde del viernes 19 de agosto de 2022. Cuenta Mayela, su mamá, que aquella noche la acompañaba una amiga. Nunca más regresó.

Al día siguiente esa misma joven se presentó con malas noticias.  

“Me dijo que no hiciese pedo, que la habían amenazado con un cuerno”, dice Mayela. Cuenta que la amiga de su hija le dijo que acudieron a una casa ubicada en el mismo municipio. Que allí se encontraban varios hombres pertenecientes a un grupo delictivo local. Según las indagatorias de la fiscalía, ya existía una historia de violencia entre ellos. Aquella noche hubo una disputa y uno de ellos golpeó y asesinó a Ana Paola de un disparo.

Eso lo sabe Mayela ahora, meses después de los hechos. También, que el origen de la disputa pudo estar en unas motocicletas. “Sea lo que sea, nadie merece que le hagan eso”, dice.

Cuando Ana Paola desapareció lo único que pudo hacer su madre fue organizar una búsqueda con sus vecinos de la colonia. Sin la atención mediática que generó la desaparición de Debanhi Escobar, la mujer hizo lo que cientos de madres en todo el país: fotocopiar la ficha de búsqueda de su hija y pegarla en las zonas donde podían saber algo de ella.

Tres semanas después, el 7 de septiembre, las autoridades arrestaron a Saúl “N” y a José Antonio “N”, también conocido como “El Fumado”. El 9 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Ana Paola en unas bolsas de plástico. Estaba en un terreno baldío en el límite de Colinas del Aeropuerto, a poco más de un kilómetro de la casa de la que salió acompañado por su amiga en la tarde del 19 de agosto.  

Mayela recibió el cuerpo, aunque tiene dudas sobre si se trata de verdad de su hija. Le dijeron que las pruebas de ADN coincidían, pero nunca le entregaron un documento que lo certificara. Y ella desconfía de las autoridades.  

Existe un fuerte vínculo entre la desaparición de mujeres y el feminicidio. Según datos de la fiscalía del estado, al menos 42 víctimas mortales de las 266 tipificadas como feminicidio hasta mayo de 2022 habían sido reportadas previamente como desaparecidas. Es el caso de Debanhi o de Ana Paola. Solo en ese último año, al menos 12 mujeres fueron asesinadas tras permanecer durante un tiempo en paradero desconocido.  

Nuevo León es uno de los estados con más feminicidios. Desde el 3 de abril de 2017 el Congreso estatal tipificó el feminicidio como delito autónomo. Entre 2018 y 2022 la tasa promedio de víctimas por cada 100 mil mujeres (2.71) es superior a la nacional (1.45).  

El argumento de las autoridades de Nuevo León es que todas las muertes violentas se investigan como feminicidio. Esto es, un asesinato que se produce por razones de género. Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León reconoció que, solo en 2022, con 75 carpetas abiertas por feminicidio, también se iniciaron otras 43 investigaciones por homicidio doloso y otras 81 por homicidio culposo contra mujeres.

“Yo creo que existe una crisis de violencia contra la mujer en todo México y Nuevo León pues no es la excepción esa crisis de violencia, que estamos sufriendo en México y en todos los países latinoamericanos por la razón de que ya está un choque entre la cultura machista, el empoderamiento de la mujer y no se ha trabajado a la par en las nuevas masculinidades”, reconoce Graciela Buchanan.

El 19 de octubre Mayela supo que la fiscalía había detenido a un tercer individuo, acusado de ser el autor material del asesinato de su hija. Nadie le llamó para comunicárselo. Tuvo que enterarse a través de una noticia que alguien le compartió por Internet. Después de dos días tratando de comunicarse con el ministerio público, por fin tuvo la confirmación: Marco Antonio “N” fue arrestado y al día siguiente tuvo lugar la primera audiencia.

Pero Mayela ni siquiera pudo escucharla completa. Las autoridades le facilitaron una liga con la que seguir las declaraciones ante el juez. En mitad de la vista se agotaron sus datos. No tenía dinero para seguir la audiencia contra el asesino de su hija. Incluso en un caso con los presuntos culpables en prisión, la familia de la víctima tiene dificultades para acceder a la justicia.  

La única esperanza de Nayeli Nolazco, de 45 años, está en unos mensajes de Facebook y una última conexión telefónica. En ellos, diversas personas le aseguran que su hija Ana Gabriela, de 20, está siendo explotada sexualmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La sábana de llamadas solicitada por la fiscalía ubica el celular de la joven en la ciudad fronteriza un día después de la desaparición.

Ana Gabriela Nolazco lleva ausente desde el 28 de mayo de 2020, casi dos años antes del presunto feminicidio de Debanhi Escobar. Aquel día salió a clase de baile en un salón de la colonia Azteca, municipio de Guadalupe, Nuevo León, publicó algunos videos y se marchó con dos amigos en coche. Pero nunca volvió.  

En medio del momento más duro de la pandemia de Covid19, Nayeli tuvo que poner su denuncia ante una pantalla. Entonces comenzó un rastreo sin resultados en el que únicamente contó con el apoyo de sus compañeras del colectivo Buscadoras.  

Su caso refleja las fallas en la investigación y búsqueda. A pesar de que existe una carpeta de investigación en la fiscalía estatal, su nombre ni siquiera aparece en el registro nacional de búsqueda. Es como si no hubiese desaparecido.  

Nayeli lleva dos años esperando la colaboración del gobierno de Tamaulipas. En este tiempo no se realizó ni un solo operativo para prevenir la trata para fines de explotación sexual en el estado fronterizo, según reconocieron la fiscalía estatal y la secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.  

El feminicidio y la trata de personas para fines de explotación sexual son dos elementos clave en la desaparición de mujeres, según estudios de la CNB sobre el caso del Estado de México. En ambos rubros, Nuevo León es uno de los estados con mayor número de denuncias.  

En el ámbito de la trata se encuentra en cuarto lugar, solo superado por Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California. En los últimos cinco años, su tasa promedio de denuncias fue de 0.95 por cada 100 mil habitantes, más del doble que la media nacional, que está en 0.45.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, al menos dos personas que tenían reporte de desaparición fueron rescatadas en operativos contra la explotación sexual.

El gobierno estatal, sin embargo, tampoco observa problemas en este ámbito. Graciela Buchanan asegura que las víctimas no siempre son originarias de Nuevo León. Y que la explicación para que su estado esté a la cabeza en el número de denuncias es porque otros no hacen bien la contabilidad. “Muchos de los casos son de otros estados de la República que desafortunadamente tienen un mayor índice nada más que lo registran mal o no lo registran porque es mucho más fácil maquillar las cifras para no aparecer en esos sentidos y en Nuevo León somos correctos en el en el punto de vista de estrictamente jurídico”, dijo, en entrevista con N+Focus. 

Más allá de las estadísticas, este es un fenómeno presente en el Estado desde hace años. Brizeida Anahi González desapareció en Marín, un pequeño municipio a 40 kilómetros al noreste de Monterrey, en octubre de 2010.

Ante la inacción de las autoridades, su madre, Rossi Hernández de 54 años se convirtió en detective. Sus investigaciones le llevaron a localizar una casa de seguridad cerca del aeropuerto, en Huinala. Allí, mujeres jóvenes eran encerradas y obligadas a trabajar en locales cercanos. La intervención de Rossi permitió liberar a algunas de ellas, pero no hubo rastro de su hija.

Desde entonces, la mujer sigue buscando. Y se ha encontrado también con una burocracia que no logra resultados. Su carpeta pasó de mano en mano. De la Fiscalía de Desaparecidos a Delitos en General. De ahí, a Homicidios. Tanto se movió el expediente que ahora ya no saben dónde se encuentra. “Lo han perdido porque no estaba digitalizado”, explica.  

La violencia contra las mujeres en Nuevo León no es un fenómeno nuevo. Ya en 2016 las autoridades decretaron una alerta de género en 5 municipios. Sin embargo, seis años después la situación no se ha logrado atajar y varias de las políticas públicas se mostraron ineficaces.

N+Focus analizó algunas de las iniciativas desarrolladas durante los últimos años y detectó un descenso tanto en el personal destinado a luchar contra las desapariciones como en los fondos dedicados a la prevención de violencia de género.

La Fiscalía Especializada contra las Desapariciones fue creada en Nuevo León en 2017. Sin embargo, de acuerdo con el registro de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, al 30 de noviembre, el número de mujeres desaparecidas en ese estado se incrementó en un 167% en 2021. A pesar de esta curva ascendente, la institución redujo su personal en un tercio en 2020, pasando de 33 efectivos a 22. Un año después aún se redujo más el personal, quedando en 20 elementos durante el año en el que más personas desaparecidas se registraron en el Estado.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal publicado por el INEGI en octubre del 2022, Nuevo León es el estado de la república con menos fiscales del Ministerio Público, contando apenas con 2.9 por cada 100 mil habitantes, por lo mismo, de acuerdo con el mismo recuento, Nuevo León tiene la fiscalía estatal con la mayor carga de trabajo con alrededor de 300 carpetas de investigación por cada fiscal.

Los fondos destinados a combatir la violencia de género también se redujeron durante la pandemia. En concreto, bajó a la mitad el dinero dedicado a la alerta de género, un mecanismo extraordinario que incluye proyectos como la construcción de refugios, la capacitación de policías y funcionarios o el desarrollo de campañas de socialización.  

Entre 2018 y 2019 el Estado destinó 40 millones de pesos para este rubro, los fondos bajaron a la mitad en 2020 quedando en 20 millones.  

En este caso nunca llegaron apoyos federales de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim). Según explica Irma Alma Ochoa, presidenta de la ONG Arthemisas y una de las impulsoras de la alerta de género en Nuevo León, ella misma trató con las autoridades federales para solicitar los apoyos, pero nunca recibió respuesta.

El 11 de abril de 2022, el gobernador Samuel García anunció un decreto extraordinario para la búsqueda de mujeres. Entre las medidas, un incremento del número de policías destinados a las búsquedas, más integrantes en la comisión local y una mayor coordinación entre instituciones.

N+Focus trató durante semanas de entrevistar al gobernador para conocer su balance sobre estas medidas. Ante las reiteradas negativas, fue necesario abordarlo en la calle. Su respuesta fue escueta. Frente a la pregunta sobre si se había resuelto la crisis de desaparecidas, García dijo “estamos todos los días trabajando y los martes nos reunimos con el fiscal para ir resolviendo el tema”. Sobre la trata, y después de que su gobierno haya negado el fenómeno, respondió: “estamos trabajando todos los días para que cada día sea menor”.

El problema, sin embargo, persiste. Solo en 2022, al menos 172 mujeres desaparecieron y otras 102 fueron víctimas de feminicidio. La violencia contra las mujeres continúa en Nuevo León a pesar del intento oficial por ignorarla.  

Con información de Itzel Cruz.

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