Agua la crisis que nos alcanzó

El caso de Monterrey, Nuevo León, y su zona conurbada, llamó la atención de la sociedad y los medios de información a nivel nacional el año pasado. Después de décadas sin registrar problemas con la distribución de agua, sus habitantes empezaban a sufrir de sed.

Ante la escasez de agua, las autoridades estatales decidieron realizar recortes por sectores hasta por dos días a la semana, lo que generó un caos en una sociedad que no contaba con cisternas ni tinacos en sus casas, al estar acostumbrada durante años a tener agua en sus tuberías con buena presión.

Las escenas de largas filas de regiomontanos clamando por agua, mientras otros aprovechaban la llegada de pipas para poderse bañar bajo el fuerte sol, captaron la atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del lunes 18 de julio de 2022 dijo: “es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conurbada, y vamos a seguir pidiendo más apoyo, tanto de quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua”.

Las imágenes más emblemáticas de la falta de agua en Nuevo León mostraban la dramática reducción de niveles de agua en las presas La Boca y Cerro Prieto. La emergencia en Nuevo León hizo que en el resto del país se encendieran las alarmas.

Tras realizar una investigación, N+ Focus pudo constatar que la falta de actualización de las leyes ha contribuido a una mala gestión del agua en todo el país, lo que ha provocado tres graves problemas:

El acaparamiento legal e ilegal: la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde hace 30 años, fue aprobada bajo un paradigma de abundancia de agua y con la finalidad principal de dotar de agua a la industria. Esa ley propició un acaparamiento de agua de las grandes empresas y la agroindustria, al grado de que actualmente el 70 por ciento de los volúmenes concesionados está en manos de únicamente el 2 por ciento de los concesionarios. 

Por otra parte, la falta de actualización de leyes estatales y la nula aplicación de las existentes, ha favorecido el llamado “huachicoleo” de agua: bandas organizadas extraen ilícitamente el agua de la red de distribución y la venden en las colonias donde no llega. Un negocio ilegal que, tan solo en Ecatepec, Estado de México, “es de alrededor de mil millones de pesos al año”, asegura el diputado local de Morena Daniel Sibaja.

La escasez: situaciones como el acaparamiento, aunado a la falta de lluvias y al intenso calor, han provocado que en un número creciente de comunidades el agua no alcance, generando conflictos por agua en sectores rurales y urbanos.

Contaminación: la falta de rigor de las leyes y sobre todo su mala aplicación por parte de las autoridades han provocado que en diferentes zonas del país las comunidades padezcan enfermedades y se enfrenten a situaciones de riesgo por la mala calidad de sus aguas, debido a las descargas industriales en ríos y cuerpos de agua y a la falta de plantas potabilizadoras.

Ante la gravedad de todos estos factores, grupos de ambientalistas, investigadores y activistas están impulsando una iniciativa para una nueva Ley General de Aguas que ya se encuentra en el Senado y que podría ser un primer gran paso para mejorar la situación del agua en México.

Acaparamiento

Justo en los meses de más intenso calor y falta de agua en Monterrey y su zona conurbada el año pasado, y cuando el presidente López Obrador urgía a los agroindustriales y empresarios a ceder parte de su agua a la población afectada por los recortes, la CONAGUA otorgó concesiones en el municipio de General Terán, en la zona citrícola de Nuevo León, ubicada a una hora al sur de Monterrey.

N+ Focus tuvo acceso a documentos que muestran los pormenores de esas concesiones entregadas a personalidades ligadas al sector político nacional y local.

Es el caso de Alfonso Romo Garza Lagüera, hijo de Alfonso Romo, empresario y Jefe de la Oficina de la presidencia de la República desde inicios de la actual administración federal hasta diciembre de 2020.

Alfonso Romo Garza Lagüera recibió una concesión de 600 mil metros cúbicos de agua al año para uso agrícola el 29 de junio de 2022. 

El 17 de mayo de 2022 la CONAGUA entregó otra concesión por 80 mil metros cúbicos de agua al año para uso agrícola al exdiputado federal priista Pablo Elizondo García. 

Y entre septiembre y noviembre del año pasado, el exalcalde interino de Allende, Nuevo León, el priista Manuel Ramón Cavazos Silva, recibió dos concesiones por un total de 750 mil metros cúbicos de agua al año para uso agrícola.

En ese mismo municipio, la senadora y exministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, recibió el 26 de febrero de 2020 -cuando se desempeñaba como secretaria de Gobernación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador- dos concesiones por un total de 228 mil metros cúbicos de agua al año. 

En cuanto a ese tipo de permisos, los ambientalistas coinciden en que no obstante que son legales, reflejan las malas prácticas que existen en el manejo del agua a nivel nacional.

Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana que durante años se ha dedicado al tema del agua, señala que el principal problema deriva de la falta de una nueva Ley General de Aguas, ya que la vigente fue aprobada en 1992 durante la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, con una visión empresarial, para detonar el desarrollo de la industria. “Es una ley de acaparamiento”, señala “con decirte que de 1917 en que se aprobó la Constitución, a 1992, año en que se aprobó la Ley de Aguas Nacionales vigente hasta nuestros días, se habían otorgado únicamente 2 mil concesiones de agua. Y de 1992 a la fecha se han otorgado 536 mil concesiones”.

N+ Focus realizó un recorrido por varias zonas del país donde el acaparamiento es una costumbre, ya sea de manera legal, mediante concesiones desmedidas, o ilegal, por medio del robo de agua para su venta mediante pipas en colonias donde no llega el servicio.

Robo de agua

En Ecatepec, Estado de México, detectamos tres puntos donde los llamados “aguachicoleros” extraen agua de manera clandestina. Conectan sus mangueras a las redes de distribución para llenar sus pipas o sus tambos que son distribuidos en camionetas. Esa agua es vendida principalmente en las colonias ubicadas en las zonas altas, donde no llega el servicio o el tandeo se realiza una vez cada 15 días.

Lo puntos del huachicoleo en Ecatepec fueron ubicados en el siguiente mapa.

Leyes sin dientes

La extracción ilegal de agua es un delito que se ha multiplicado en el país y que se aprovecha de la nula aplicación de las leyes vigentes para combatirla. Analizamos las legislaciones de aguas estatales y los códigos penales de las 32 entidades federativas.

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Sin embargo, esas leyes parecen ser letra muerta: mediante solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia (INAI), 23 entidades del país señalaron no tener carpetas de investigación por delitos relacionados con el agua en los últimos 10 años.

Sin embargo, en la mayoría de los casos la acción de los organismos encargados del agua es únicamente cerrar las tomas clandestinas, y en muy pocas ocasiones se imponen multas que nunca equivalen al daño causado por los infractores.

¿Por qué pasa esto?

En el municipio de Mineral de la Reforma, conurbado a Pachuca, en Hidalgo, las autoridades encargadas del agua cerraron una toma clandestina de una inmobiliaria que llenaba sus pipas de agua de manera ilegal para sus trabajos de construcción. La autoridad no puede hacer más porque es más elevado el costo que un organismo del agua tiene que pagar por cada juicio que el dinero que puede obtener por las multas. Por esa razón, en la mayoría de los casos los organismos del agua optan por únicamente clausurar las tomas clandestinas sin proceder legalmente.

En Reynosa, Tamaulipas, el descaro es mayor. Ahí, N+ Focus constató cómo los “aguachicoleros” extraen ilegalmente agua de los hidrantes que pertenecen a Protección Civil municipal para llenar sus pipas.

Sin embargo, de acuerdo con el titular del organismo municipal del agua, el problema más grave en Reynosa se da por el robo industrial de agua. Recientemente se dieron cuenta de que algunas empresas manufactureras desde que se instalaron en esa ciudad fronteriza hace 30 años realizaron conexiones ilegales para extraer agua de la red de distribución sin tener que pagar por el servicio. Es decir, la mínima parte del agua que consumen es la que se les cobra, mientras que el resto proviene de conexiones ilegales.

Escasez

El acaparamiento del agua, la extracción ilegal de las redes de distribución y la falta de nuevas leyes, aunado a los efectos del cambio climático, han generado escasez de agua en las zonas más vulnerables tanto en grandes ciudades como en comunidades rurales.

En el recorrido que durante un año realizó N+ Focus, encontramos varios ejemplos de escasez de agua que han provocado la inconformidad de los afectados.

En el sureste de Coahuila, el productor agrario Juan Gamboa vio cómo se secaron sus cultivos en los últimos 10 años en el municipio de General Cepeda, ubicado entre Saltillo y Parras. 

“Esto es una guerra, es una forma de despojo”, asegura Juan. “Están extrayendo más agua de la que tienen concesionada. Tienen pozos clandestinos”.

Para campesinos y activistas de esa zona de Coahuila, el problema no solo ha sido la falta de lluvias ni las olas de calor en la región. El factor principal, señalan, ha sido el acaparamiento de grandes empresas. 

El activista José Luis García Valero lo explica claramente: “esta región donde nosotros vivimos tiene una sobreexplotación anual del orden de los 75 millones de metros cúbicos de agua, entonces tiene dos polos el problema, es la irresponsabilidad, la omisión, la falta de una ley clara por parte de las autoridades de la gobernanza del agua, y por el otro lado el cortoplacismo de los empresarios que no tienen empacho en sobreexplotar la Tierra aunque esto nos desertifique a todos”.

En Chihuahua el Ejido Constitución, en el municipio de Ahumada, pequeños productores de nogal denunciaban el acaparamiento de agua por parte de la familia LeBarón.

Así lo explicó el nogalero Patricio Aguirre: “La familia LeBarón los demandamos por estar perforando pozos ilegales sin concesión. Nosotros nos estamos secando, los niveles de los pozos de nosotros están bajando”.

El conflicto fue creciendo y han estado a punto de llegar a un enfrentamiento de mayores dimensiones. “El problema es que ellos pues nos agreden y nosotros pues a la “moda pobre” y como sea pues les hemos hecho frente”.

Por su parte, el activista y productor nogalero Julián LeBarón aseguró que todo se originó desde hace años por la intolerancia de los campesinos originarios tras la llegada de los LeBarón a esas tierras, procedentes de Estados Unidos. “Se nos ha acusado de robar agua y tierra y es absolutamente falso. Es un conflicto que surge desde los 80 porque ellos creen que la tierra que compró nuestra familia les pertenece y que si utilizan violencia que se pueden apropiar de lo que no es de ellos, y nosotros estamos decididos a reclamar lo que sabemos que es nuestro”, aseguró Julián LeBarón.

Para contribuir al ahorro del agua, los LeBarón nos mostraron una técnica nueva que se utiliza en los viñedos de California. Se llama riego de raíces profundas y se introduce el agua directamente donde se necesita, dentro del suelo, donde están las raíces de los nogales, mediante unas mangueras especiales que se insertan en la tierra, lo que ,aseguran, permite un ahorro de entre el 50 y el 70 por ciento de agua.

En Metztitlán, Hidalgo, aunque comparten el grave problema de escasez de agua, la situación es muy diferente. En esa zona, ubicada en el centro del estado, donde ha llovido muy poco en los últimos 5 años, cientos de habitantes viven en pequeñas comunidades disgregadas en la sierra, lo que dificulta a las autoridades construir la infraestructura necesaria para llevarles agua potable. Ahí es común que ONGs patrocinadas por fundaciones privadas nacionales e internacionales ayuden a la población afectada con la implementación de sistemas de captación de aguas pluviales.

Lluvias en Hidalgo

Ahí, Sherlyn Hidalgo, de 15 años, dedica parte de su tiempo a conseguir agua para su familia, con la ayuda de su burro para poder cargar los tambos.“Tenemos poquita agua”, dice Sherlyn, “para lavar ropa, para tomar agua. Yo siempre vengo, desde hace mucho tiempo. Una hora para venir acá y dos horas para ir para allá porque está un poco lejitos”.

Ambientalistas del colectivo Agua para Todos señalan que, en números cerrados, 10 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable a través de tuberías y que otros 40 millones sí tienen acceso pero no como debieran, ya que la reciben por tandeo, en los mejores casos 2 días a la semana y. en los peores. una vez cada 15 días.

En un análisis de datos de N+ Focus se puede apreciar cómo en 20 de los últimos 30 años ha habido menos precipitaciones que el promedio anual que se dio entre 1960 y 1990.

En 1950 el agua en promedio alcanzaba a razón de 18 mil litros por persona al año, mientras que en la actualidad son menos de 4 mil litros por persona. Es decir, hoy hay cuatro veces menos agua por habitante que hace 70 años. El crecimiento poblacional explica en parte este dato, pero también se debe a la sobreexplotación de los acuíferos y a la disminución de las lluvias.

Disiponibilidad de agua natural media per cápita a nivel Nacional

En cuanto a la sobreexplotación, según datos del Sistema Nacional de Información del Agua, de los 653 acuíferos con que cuenta el país, 157 están sobreexplotados.

Incluso en lugares donde la lógica indica que no debiera faltar el agua se pueden encontrar historias donde sus habitantes llevan mucho tiempo sin el servicio. Es el caso de Reynosa, Tamaulipas, donde a pesar de vivir a un lado del Río Bravo, el quinto más grande de Norteamérica, los vecinos de la colonia Nuevo México padecen la falta de agua potable en sus tuberías. Tienen que comprarla, como es el caso de Félix Cárdenas, quien desde hace 35 años perdió la movilidad de sus piernas por un accidente y tiene que desplazarse en muletas a llenar sus tambos de agua. “Ya no hay agua, definitivamente no nos cae”, dice “antes había poquita, pero había, ya ahora ya no hay”.

La escasez de agua para millones de habitantes en México es algo con lo que también pretenden acabar los impulsores de la iniciativa para una nueva Ley General de Aguas en México, al colocar en primer lugar el derecho humano al agua, por encima de intereses económicos. Ellos calculan que, con que se garantice el 14 por ciento de toda el agua disponible en México para el consumo de la gente, sería suficiente para que el agua alcance a todos.

Contaminación

En marzo de este año el relator especial de la ONU para el agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, visitó Tlaxcala. Al reunirse con colectivos y con habitantes de la zona del Alto Atoyac, puso el dedo en la llaga. Señaló que “no son personas sin agua en sus entornos de vida, son personas terriblemente empobrecidas que viven junto a un río contaminado o junto a un acuífero contaminado, envenenado frecuentemente con tóxicos”.

El funcionario de la ONU conoció a Isabel Cano Flores, quien perdió a tres de sus hermanos por cáncer y a su hija Zulema por leucemia. Durante toda su vida se enfrentaron al entorno de aguas contaminadas por las descargas industriales altamente tóxicas que recibe el río Atoyac. “Entraron las empresas y ya con el paso de los tiempos empezaron a desechar aquí sus tóxicos, y empezó a morir el río”, señala Cano, “han muerto los árboles, plantas y animales”.

A pesar de estar rodeados de las aguas del río Atoyac, de canales de riego y de pozos, habitantes como Cano gastan en garrafones de agua 500 de los 4 mil pesos que ganan al mes.

Incluso en Chiapas, uno de los estados con mayor cantidad de lluvia en todo el país, las comunidades indígenas de la zona de Los Altos también padecen falta de agua potable. En esa zona son comunes las enfermedades gastrointestinales en niños, por el agua insalubre que consumen.

En entrevista para N+ Focus, el director de la ONG Cántaro Azul, Fermín Reygadas, compartió los datos del estudio que han realizado en esa región de Chiapas: “No hay plantas de saneamiento y entonces la mayoría de las fuentes de agua tienen presencia de heces fecales, y en las heces fecales vienen microorganismos como la tifoidea, la salmonelosis, el rotavirus, que generan enfermedades gastrointestinales que se vuelven ya crónicas. En las comunidades rurales se piensa que las niñas y los niños es normal que crezcan con diarrea y esto tiene consecuencias muy severas, estamos hablando de poblaciones marginadas económicamente cuya ingesta de nutrientes es muy limitada y al tener diarrea constante, pues esos nutrientes no son absorbidos, entonces tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo físico y cognitivo de la población”.

Cántaro Azul realizó un estudio en algunas comunidades de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas. Encontraron índices de enfermedades gastrointestinales en el 40 por ciento de la población, un porcentaje sumamente elevado que contrasta con el menos del 2 por ciento que presentó enfermedades similares en comunidades de Baja California Sur.

En el municipio de Sitalá, también en la zona de la montaña chiapaneca, María Luisa, indígena tsotsil, y su pequeña hija, tienen que recorrer diariamente una brecha agreste de un kilómetro, entre la selva, que conduce al agua que requieren para su día a día.

“Nos quedamos sin agua”, dice María Luisa, “y vemos que es muy necesario buscarle una solución, porque 20 litros de agua que nosotros acarreamos como mujeres o como niños, pues no nos ayuda en nada. Normalmente se enferman los niños por el agua sucia que viene, hay veces que si no está bien hecho el ojo de agua entran animales muertos, ahí es donde viene la enfermedad. Ya nos empezamos a pelear por el problema del agua”.

Iniciativa

Diversos colectivos, organizaciones civiles y especialistas, cifran sus esperanzas para una mejor gestión del agua en la aprobación de la iniciativa de una nueva Ley General de Aguas, que ya se encuentra en el Senado para su dictamen y posible discusión y aprobación en septiembre próximo.

El senador morenista por el estado de Querétaro, Gilberto Herrera, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, espera que se logre aprobar en este año la iniciativa, aunque reconoce que “hay muchos intereses económicos en el tema del agua, de alguna manera se ha privatizado el agua”.

La iniciativa se basa en cuatro ejes:

1. Colocar el derecho humano al agua por encima de intereses económicos.

2. Obligar a las empresas a sanear sus aguas residuales antes de descargarlas a los ríos y cuerpos de agua.

3. Abrir espacios a la sociedad civil para la toma de decisiones sobre la gestión del agua.

4. Y obligar a la transparencia de las autoridades en materia de agua.

La decisión está en manos del Congreso de la Unión.