Cada trámite y puesto de entrada, retén y estación migratoria, inspección a empresas y operativo de búsqueda; todas y cada una son una oportunidad de dinero ilegal, una ventana para que los agentes de Migración hagan caja con los migrantes y su ilusión por una vida mejor. Malos manejos, extorsiones y cobros ilegales son frecuentes y generalizados dentro del Instituto Nacional de Migración, un negocio ilegal en el que los agentes de migración explotan la ilusión de millones por el sueño americano.

El Instituto ha sido calificado como “la institución más corrupta de México”. Lo dijo tanto Olga Sánchez Cordero, cuando aún era secretaria de Gobernación y jefa máxima del Instituto, como el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Un nido de corrupción”, exclamó AMLO. “La institución más penetrada de corrupción”, dijo más sosegada Cordero. Ambos anunciaron una limpia. Una renovación total, borrón y cuenta nueva. Francisco Garduño, comisionado del Instituto desde junio de 2019, planteó como remedio militarizar el Instituto y ha presumido varias veces despidos en la dependencia como prueba de que la limpia avanza.

Hay otros datos. Entrevistas con varios exagentes y exjefes de Migración, abogados, funcionarios de otras dependencias, polleros y coyotes, combinadas con estadísticas del propio Instituto Nacional de Migración, denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y otros documentos conseguidos por N+ Focus, documentan, prueban y muestran que la corrupción dentro del Instituto sigue siendo sistémica mientras que las consecuencias son cada vez menores. Se solicitó semanas antes de la publicación un encuentro con el comisionado, pero la respuesta desde su gabinete de comunicación social fue que “Francisco Garduño no da entrevistas”.

Las infinitas prácticas irregulares dentro de Migración son un negocio que atraviesa todo México, explotando el sueño americano de millones de migrantes y el miedo de los refugiados. La cancillería mexicana puso cifra a cuánto dinero suponen estas redes de tráfico de personas: 14 mil millones de dólares al año, 280 mil millones de pesos, una cantidad mayor que el presupuesto de la Ciudad de México. Contra su promesa de mayor respeto por los derechos humanos, la actual Administración está batiendo récords en número de detenciones, subiendo de 180,000 en 2019 a 444,000 en 2022.

En este sexenio el Instituto ha estado involucrado indirectamente en diversas tragedias que han acabado con la muerte de decenas de migrantes; como el tráiler que chocó en Chiapas acabando con la vida de 54 seres humanos (¿cómo pasó los filtros de Migración?) o los 17 migrantes asesinados e incinerados por policías en Tamaulipas (¿por qué había en el lugar de los hechos una camioneta decomisada por el Instituto?). Pero su responsabilidad es directa en la muerte de al menos 38 migrantes en un incendio mientras estaban bajo su custodia en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez. Un vídeo de seguridad muestra cómo los agentes de Migración y los custodios salen huyendo y dejan abandonadas, bajo llave, entre las llamas y el humo, a 68 personas.

Se difundió un video del interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron al menos 39 migrantes en un incendio. pic.twitter.com/dLffDwvTkq

— NMás (@nmas) March 28, 2023

Las cifras demuestran que la limpia no ha sucedido. En los tres últimos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se despidió a casi 1,200 trabajadores de Migración, mientras que en los tres primeros de Andrés Manuel López Obrador los despedidos se han reducido casi a la mitad. Además, solo nueve han sido cesados por el Órgano Interno de Control (OIC), la autoridad encargada de investigar y sancionar la corrupción dentro de la Administración Pública, mientras que con Peña Nieto fueron 88. En paralelo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido más de 3,800 denuncias contra funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración, 900 más que de 2016 a 2018. El Instituto emplea sobre 6,500 trabajadores y altos cargos.

Todos los entrevistados—exagentes, exdirectivos, excomisionados— aseguran que los corruptos con los que trabajaban siguen dentro del Instituto. México es el muro ideal para Estados Unidos y los agentes de migración, con su corrupción sistémica, han encontrado un negocio en la ilusión de millones por el sueño americano.

Primera parte

“Quien no paga, no pasa”

A Ana, cada vez que llegaba un vuelo caliente, su jefe en el Instituto Nacional de Migración le enseñaba en el teléfono unas fotos de pasaportes. Eran las atenciones, un eufemismo para referirse a los migrantes que debían dejar pasar por el aeropuerto internacional donde trabajaba sin hacer preguntas. Al acabar su turno, según la cantidad de migrantes, aparecía dinero en su mochila. Lo máximo que llegó a encontrarse fue 2,500 dólares por 15 atenciones. Ana es, lógicamente, un nombre falso.

Recuerda que nada más llegar al Instituto de Migración y a su aeropuerto internacional se dio cuenta de que algo no funcionaba bien. Demasiados errores humanos. Demasiados registros desaparecidos. Demasiados fallos estadísticos. Era una forma de ocultar una red de tráfico de personas. Cuando los agentes corruptos vieron que Ana sabía lo que estaba pasando y cerraba la boca, le avisaron de que iban a ascenderla para que les ayudara. “No me pidieron opinión, solo me dijeron que iba pasar”, comenta resignada.

“Con las ‘atenciones’, te avisan de que va a llegar una serie de personas y que las tienes que dejar pasar”, explica. En caso de que la nacionalidad necesitase una visa, los agentes de filtro tenían un truco informático: al poner varios ceros como número identificador del permiso da un error de sistema y deja entrar a la persona. Luego, con perder el comprobante migratorio que el viajero entrega al Instituto, se borra su rastro en Migración. Un error humano.

En caso de que una persona no cumpla con los requisitos o los agentes noten algo extraño, el protocolo es pasarla a lo que llaman segunda revisión. Allí el supervisor de turno se encarga de entrevistarla para comprobar si cumple con las condiciones para entrar en México. “Si una ‘atención’ llegaba ahí, se le dejaba entrar directamente. Si no traía ninguno de los requisitos, está la fórmula de poner en el acta que ‘lo muestra de forma electrónica' y listo”, recuerda Ana.

Ana participó en este esquema durante la Administración actual, que llegó con la promesa de acabar con la corrupción en los diferentes entes públicos. Las cifras, sin embargo, dicen otra cosa. Las denuncias en la Función Pública contra agentes y altos cargos aumentaron, pero las consecuencias fueron menores: se despidió menos y se redujeron las suspensiones temporales de empleo y sueldo. Entre 2016 y 2018, un total de 139 agentes fueron suspendidos pero entre 2019 y 2021, a pesar de haber más denuncias, la cifra se redujo a 19.

Usando un teléfono colombiano, N+ Focus contactó a diversos coyotes que aseguran poder pasar gente por los aeropuertos de México sin que haya preguntas ni problemas por parte de Migración. El esquema es el siguiente: todos piden lo mismo: nombre completo, el número de vuelo, la reservación de hotel, una foto del pasaporte, otra de cómo irá vestido ese día y un soborno en dólares. “La foto es para que los de Migración nos puedan ayudar, ¿no?”, se le pregunta, y un coyote contesta “Así es, es para que te reconozcan y te jalen”, acabando la respuesta con un emoji de una mano saludando.

Para corroborar la veracidad de estas redes, N+ Focus contó con la ayuda de un periodista colombiano. Javier, también un nombre falso, intentó visitar México dos veces pero fue expulsado por el INM a pesar de cumplir con todos los requisitos. ¿El motivo? Tras cuatro horas en Migración le dijeron que “no tiene perfil de turista”. En su pasaporte están registradas ambas inadmisiones y cuando tomó el vuelo de Bogotá a Ciudad de México, el agente de Migración Colombia que le atendió le preguntó a qué iba a México si, total, no lo iban a dejar entrar. Pero Javier tenía un as en la manga: 1,100 dólares en un sobre color manila para pagar a unos coyotes.  

Una semana antes había mandado una foto de su pasaporte a la red para que pudieran meterlo en el sistema. Cuando contó sus intentos anteriores el coste habitual de 950 dólares por asegurar “el baje en México” subió un par de cientos. El día anterior a viajar le pidieron una foto de cómo iba a ir vestido y otra de los 1,100 dólares. “No me falle con el dinero”, le advirtieron desde México.

Durante este 2022, Estados Unidos ha interceptado a más de 130 mil colombianos intentando cruzar. Si lo comparamos con los 8 mil de 2021, el incremento ha sido desmedido: 1,525%. La principal ruta de entrada son los aeropuertos, donde las quejas de ciudadanos colombianos se han multiplicado este año por el maltrato y las arbitrariedades de los agentes migratorios, que los inadmiten aunque cumplan con todos los requisitos para entrar. Más de 22 mil colombianos han sido rechazados al llegar a México, el triple que en 2021, algo tan alarmante que el Gobierno colombiano ha emitido una alerta a sus ciudadanos advirtiéndoles que estén preparados para un rechazo al llegar a México. Los filtros migratorios son una ruleta rusa salvo que haya un soborno para los agentes de Migración que trabajan con las redes de tráfico de personas.

Cuando Javier llegó al filtro migratorio en el aeropuerto, el agente tardó dos minutos en dejarle pasar. Ni una sola pregunta al respecto de sus dos inadmisiones anteriores. “Me sentí como con un pasaporte gringo”, comenta. Nada más salir del aeropuerto fue recogido por dos mujeres, la cara pública de esta red de tráfico de personas. Subieron a una camioneta y lo llevaron a su hotel.

En el trayecto Javier pagó los 1,100 dólares. Le comentaron que ese mismo día, solo con su red, llegaban otros 10 que habían pagado. Que nada más pasar el filtro ya su contacto les había avisado que él salía. Que están arreglados con los agentes ya que les gusta mucho la plata. “Va a sonar feo lo que le voy a decir, pero desgraciadamente o afortunadamente, esto es una mafia. Regresan hasta a mujeres que vienen con sus hijos o embarazadas”.

Y la coyote sentencia: “Si no pagas, no pasas”. 

Segunda parte

Guía práctica para extorsionar empresas

Gabriel, abogado de profesión, habla con vergüenza de sus años en el Instituto Nacional de Migración. Estuvo de 2019 a 2021 en la Dirección de Control y Verificación de una ciudad importante al norte del país donde le tocó ver cómo su jefe y otros cargos medios se peleaban por controlar las extorsiones. De nuevo, Gabriel es un nombre falso.

Este departamento tiene, entre otras funciones, dar permiso a las empresas para contratar extranjeros. El esquema que describe consiste en inspeccionar empresas, amonestar sin razón y, cuando llegan a la oficina, los representantes se reúnen con los supervisores para “arreglarlo”. ¿La fórmula? Pagar dinero bajo la mesa, literalmente.

“Había que pasarlos con medidas de seguridad, quitándoles los celulares o cualquier dispositivo que pudiera grabar”, explica Gabriel, “mi jefe me pedía que acomodara el bote de basura cerca de donde iba a sentarse el representante de la empresa. Y me decía, 'es para que sea más fácil que dejen lo que se les pidió'. Se refería a dinero”, sentencia.

Su jefe se enfrentaba con otros cargos medios por este negocio ilegal y Gabriel vio despedir personas por exigir mayor tajada en la corruptela, mandar agentes determinados a determinadas empresas, pedir que algunos trámites salieran más rápido y sin hacer preguntas. A todos estos favores también los llamaban, como en el aeropuerto de Ana, atenciones.

“Yo cobraba, como la mayoría de la gente en mi oficina, 4,500 pesos quincenales, y básicamente algunos parecían tener un nivel de vida muy superior a lo que podría suponerse con ese salario: compañeros que tenían familia y pagaban colegiaturas de sus hijos pero traían el iPhone más nuevo y siempre pedían comida a domicilio”, y se pregunta sabiendo la respuesta, “¿cómo podrían lograrlo con ese sueldo?”.

Las empresas tienen un incentivo para pagar las extorsiones de los verificadores de Migración: su propia red para traer migrantes a México usando un mecanismo legal. Basta con que la persona que quiera cruzar tenga un pasaporte en regla y, por unos 2,500 dólares —unos 50 mil pesos, más de 8 veces el salario de un agente de migración—, según varios abogados y gestores contactados por N+ Focus, se tramita una visa de trabajo con una empresa en la que nunca trabajará.

“Con nosotros no hay devoluciones en aeropuertos. Usted supuestamente viene aquí a trabajar, nosotros le hacemos ese trámite, pero usted no tiene que trabajar para la empresa que lo contrató, puede trabajar con quien quiera o seguir usted su camino hacia los Estados Unidos”, explica un abogado contactado que presume de su seriedad y niega ser un coyote. Otro abogado ofrece un trámite más complejo. Por 4,500 dólares gestiona una doble nacionalidad para el migrante falseando un acta de nacimiento mexicana a uno de sus padres.

Este esquema se evidencia en la gran diferencia de número entre las visas emitidas y cuántas de estas fueron canjeadas por residencias temporales. Desde 2012, el INM aprobó dar 210,000 permisos de trabajo para extranjeros, pero solo llegaron a recoger su correspondiente tarjeta de residencia 167,000. Hay más de 40,000 casos donde una empresa se tomó el trabajo de realizar un trámite engorroso y tardado para que nunca se convirtiera en un permiso de trabajo.

Asumiendo que puede haber errores y arrepentimientos laborales, fuentes internas de Migración comentan que, en la mayor parte de los casos, la persona entra y, como recomienda el abogado, sigue su camino a Estados Unidos. Dos nacionalidades acumulan más de la mitad de todos los casos: hay 11,000 visas emitidas para ciudadanos chinos y otras 11,000 para ciudadanos cubanos que nunca llegaron a concretarse en permisos de residencia temporal. El análisis de las más de 50,000 empresas que han tenido constancia de empleador de extranjero desde 2012 arroja rubros muy extraños: servicios de limpieza, taquerías o bandas de música de mariachis.

Cuando Gabriel decidió dejar el Instituto, su jefe le ofreció convertirse él mismo en un abogado coyote y cobrar a los extranjeros por liberar trámites y hacerles las gestiones más amables gracias a sus contactos. El trato sería que su jefe se llevaría el 80% de lo que cobrase.

Tercera parte

“Un general me despidió de Migración por denunciar la corrupción de mis compañeros”

En 2019, antes de los acuerdos con Trump, había menos de 9,000 militares en tareas migratorias; ahora casi llegan a 30,000. El artífice de la militarización del Instituto ha sido Francisco Garduño. De acuerdo a una solicitud de transparencia realizada por N+ Focus, hay 42 altos cargos en el Instituto con perfil militar, siendo 19 de ellos jefes de delegaciones. La justificación para entregar esta tarea a los militares es la habitual: el presidente López Obrador los considera incorruptibles.  

Un General de esos supuestamente limpios e intachables fue durante un año el jefe de Pedro cuando estuvo como subdelegado federal de Migración en un estado del norte, frontera con Estados Unidos. Pedro era básicamente el segundo al mando del Instituto. De nuevo, su nombre se ha cambiado por seguridad.

“A los seis meses, cuando ya comencé a entender la situación, me empiezo a dar cuenta de cosas raras y empiezo a investigar con ayuda de dos agentes”, dice Pedro, “me voy dando cuenta de varios esquemas de corrupción, como son vender las formas migratorias de entrada, cobrar por dejar pasar en los puntos de revisión en las carreteras o resolver los trámites de determinados gestores coyotes muy rápido mientras que en el resto se tardan meses”.

Pedro interpuso varias denuncias ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de la República. N+ Focus tuvo acceso a estos escritos y en ellos aparecen los involucrados con nombre y apellido junto con los esquemas de corrupción y pruebas como números de expedientes, grabaciones y pantallazos de chats. Al año todas fueron archivadas.

A los corruptos no les pasó nada, pero para Pedro denunciar la corrupción fue el infierno. A finales del año 2020, el General le citó con todos los mandos medios. Pedro pensó que era para poder explicar ante todo el equipo que las cosas iban a cambiar y que las corruptelas debían terminar. Estaba equivocado.

“Me confrontó para exhibirme y preguntarme por qué estaba denunciado la corrupción, que qué estaba buscando al hacer eso”, recuerda con impotencia, “entonces el director de Jurídico tomó la palabra y me dijo que él llevaba trabajando años en el Instituto y que sabía perfectamente todo lo que yo estaba denunciando, pero que nuestra labor era defender al Instituto y tener la camiseta puesta”.

Comenzó una campaña de hostigamiento contra él y los dos agentes que le habían ayudado a destapar la corrupción. El General le dijo a Pedro que mejor debía buscarse otro trabajo y él tuvo la sensación de que o se iba por las buenas o lo harían irse por las malas.

“Todos los que yo detecté, todos los que traían el tema de corrupción, siguen ahí. Todos. Y el que dijo que había que defender al Instituto y no denunciar”, remata con enfado, “ahora tiene mi puesto”. Esconder la corrupción dentro de Migración tiene premio.

Cuarta parte

(Casi) todos los modos de extorsionar el sueño americano

De las casi 7 mil denuncias que la Secretaría de la Función Pública ha recibido desde 2016 contra funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración, más de la mitad son archivadas por falta de elementos. Solo un tercio se turnan a responsabilidades y las restantes siguen, años después, en supuesta investigación. Los errores y omisiones en las declaraciones de bienes que deben hacer los funcionarios públicos, el abuso de funciones y los enriquecimientos inexplicables están entre las conductas más denunciadas.

Para saber cómo es la corrupción sistémica dentro de Migración, N+ Focus obtuvo vía transparencia casi 8 mil páginas correspondientes a más de 300 denuncias realizadas por ciudadanos afectados y funcionarios durante el sexenio de López Obrador. De su lectura se extrae que las extorsiones son el alfa y el omega de la corrupción en Migración.

Por ejemplo, los cobros ilegales para entrar en México y transitar por el país. “Me incomunicó y me pidió 2 mil dólares, solo pude darle mil envueltos en un papel” en la Terminal 2 de CDMX (junio 2019); “nos extorsionó por 3 mil quinientos pesos en el filtro Puerto Palomas Chihuahua” (marzo 2019); “recibió dos sobres de una extranjera con 7 mil dólares americanos” en el Aeropuerto de Cancún (abril 2019), “si quería pasar le pidió 800 dólares y accedió” en la Terminal 2 de CDMX (marzo de 2021), más varios casos de agentes que paran camiones y piden dinero a cada migrante a cambio de no detenerles.

¿Qué lleva a los agentes y trabajadores de Migración a corromperse con tanta facilidad? En 2013, hace ya una década, el Instituto para la Seguridad y la Democracia realizó un exhaustivo Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración en el que observan los “déficits estructurales que ponen en duda su misma funcionalidad”. Estos, diez años después, incluso se han agravado.

Cuando analizan a su personal, concluyen que “los bajos salarios, junto con el reclutamiento de personal no idóneo, las débiles capacitaciones, los deficientes controles de confianza y la inefectividad de las sanciones, fomentan la corrupción entre los servidores públicos [que] se encuentran con amplias oportunidades de lucrarse de los migrantes como las contrataciones de personas o servicios, los trámites de internación y regularización, las acciones de protección a migrantes o las operaciones de control y verificación migratoria”.

Las extorsiones durante esas “operaciones de control y verificación migratorias” se ven en varias denuncias. En mayo de 2021, un funcionario de Quintana Roo denuncia a su subdelegado federal por pedir cuotas para permitir que se emitan visas de trabajo. Con el nombre, otra vez, de atenciones, el subdelegado pide de 600 a 1,500 dólares. La denuncia incluye una serie de capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp con denominaciones racistas para los extranjeros.

Así, a los chinos los denomina “Arroz” y a los vietnamitas, “Vitaminas”; para los peruanos usa el nombre “Peras” y a los venezolanos los llama “Venenos”, mientras los rusos son identificados como “Vodkas”. Hay denuncias similares en Baja California, Veracruz, Chiapas o Ciudad de México. En una en concreto señalan además que las empresas son propiedad de los propios agentes de Migración.

En otros casos se denuncian intentos de extorsión por parte de los funcionarios a empresas para poder renovar su permiso para contratar extranjeros. En septiembre de 2021, el apoderado de una empresa asegura que en Ciudad de México su trámite “no fue recibido por instrucciones” y que les solicitaron “apoyo económico para realizarlo”.

La estación migratoria Siglo XXI de Tapachula parece un lugar especialmente horrendo. En agosto de 2019 murió un haitiano tras 20 días de abandono y poco antes una mujer embarazada de dos meses y medio denunció haber sido abusada sexualmente por un doctor. 

No es el único caso de abuso sexual. En Ciudad de México, un agente mandó un correo a una extranjera y le solicitó favores sexuales para agilizar un trámite; en Veracruz una mujer lesbiana fue liberada a cambio de tener relaciones sexuales con su pareja delante del agente que gestionó su salida.

Los gestores y sus sobornos al Instituto son una categoría aparte. Ciudad de México, Nayarit o Puebla son algunas de las oficinas donde se denuncia esta corruptela en 2019, 2020 y 2021. Estos gestores tienen mucha relación con las estaciones migratorias, otra de las cajas chicas para los agentes. “El señor cobra por privilegios dentro de las celdas y por 2 mil dólares libera” a los migrantes en Mexicali (agosto 2019), “me pidieron 40 mil pesos para ponernos en libertad a mi y a mi hermana” en Puebla (febrero de 2019).

“El mercado del tráfico de personas es tan poderoso como el tráfico de drogas y presiona al Instituto Nacional de Migración y sus agentes”, reconoce Tonatiuh Guillen, primer comisionado de López Obrador y cesado a los siete meses. La cancillería mexicana puso cifra a cuánto dinero suponen estas redes de tráfico de personas en México: 14 mil millones de dólares al año. “Este volumen de dinero y los bajos salarios abren espacios de discrecionalidad y corrupción en funciones que van desde regularizar a alguien su permanencia en México, usar el mercado laboral internacional hasta el ingreso normal de visitantes”.

Él estuvo al frente de Migración de diciembre de 2018 a junio de 2019. En su lugar llegó Francisco Garduño, que venía de dirigir las cárceles de México. Llegó con un encargo explícito: El Instituto Nacional de Migración debe ser el muro de contención promovido por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tener contento a Estados Unidos.

Trump, entonces presidente, amenazó con imponer aranceles si México no detenía a los extranjeros antes de que cruzaran su frontera y, aunque López Obrador llegó al poder con la promesa de una actitud más “humanitaria” hacia los migrantes, la actual Administración está batiendo récords en número de detenciones, subiendo de 180,000 en 2019 a 444,000 en 2022.

“Es una institución desprestigiada, con una imagen de corrupción amplia; el espíritu del Instituto tiene tonos de regresión, como la militarización y otorgar las funciones de control migratorio a la Guardia Nacional”, y finaliza Guillén, “hay una pérdida del espíritu de lo que fue el Gobierno de López Obrador al principio, que eran derechos humanos y desarrollo; ahora estamos en sentido contrario”.

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