Segalmex, a través de su filial Diconsa, contrató a dos empresas para echar andar un proyecto de plantas purificadoras de agua que se ubicaría en zonas de alta marginación del país. Ahora éste es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) porque apunta a un esquema de lavado de dinero, de acuerdo con documentos obtenidos por N+Focus.
El proyecto de las purificadoras que impulsó el ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, en abril del 2020 consistía en la instalación de 274 plantas purificadoras de agua que se ubicarían en tres almacenes centrales y en 271 almacenes rurales a fin de poder vender a un costo subsidiado este insumo a las personas más vulnerables que carecen de agua en sus comunidades.
Ahora se sabe que apenas se terminaron de instalar 25, según reconoció Ovalle en una de las reuniones del Consejo de Administración de Diconsa. La mayoría de éstas ya no funcionan.
El 29 de abril de 2020, el entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, envió un oficio a los gerentes de sucursales y unidades operativas de Diconsa instruyéndoles que procedieran a la instalación de las plantas purificadoras.
La inversión para instalar y operar estas plantas estaría a cargo de las empresas y cuatro años después (el 30 de septiembre de 2024) éstas pasarían a ser propiedad de Diconsa “libres de gravámenes y previas liquidaciones laborales de los trabajadores”, se lee en el oficio de la dirección comercial de Diconsa obtenido por este medio vía solicitudes de información.
El agua purificada se vaciaría en garrafones de 20 litros que se venderían en 15.75 pesos en las tiendas comunitarias y en 17.50 al público general, un tercio del costo que este tipo de productos llegan a tener en tiendas de autoservicio.
Esta instrucción estuvo respaldada por dos convenios de colaboración que autorizó Gavira Segreste, hoy acusado de presunto uso ilícito de atribuciones. Uno de ellos lo firmó con Servicios Integrales Carregín, que se encargaría de instalar las plantas en la región centro-sur y otro con Gainmate Comedores Industriales, que se enfocaría en la zona centro-norte.
Ambos convenios ahora están bajo investigación. En una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de Diconsa quedaron expuestas una serie de irregularidades respecto al proyecto. Por ejemplo: la empresa estatal no pudo acreditar la propiedad de las plantas de agua, por lo que habrían estado operando irregularmente en sus instalaciones.
Además, nunca le proporcionó información a los auditores sobre cuántas plantas llegaron a operar en todo el país, la fecha de inicio de operaciones y los propietarios de las mismas.
Tampoco hubo pruebas de calidad del producto para certificar que cumpliera las normas sanitarias y en una visita que realizó personal del OIC a las plantas localizadas en los almacenes rurales de Nogales, Zongolica, Tezonapa (Veracruz), Jilotepec (Edomex) y San Luis de la Paz (Guanajuato) se encontró que estas no estaban operando bajo los lineamientos que garantizaran la inocuidad del producto. “Durante la verificación los operadores de las mismas mencionan que no se realizan pruebas en proceso al producto”, se lee en el documento.
En la documentación que se proporcionó al OIC no hay rastro de que se hubiese llevado a cabo un estudio de necesidad y demanda de nuevos productos ni un plan o programa de comercialización.
Simularon competencia
Previo a la asignación de los convenios, Diconsa invitó a cinco proveedores para que presentaran sus propuestas económicas: Avisuc y/o Asviuc, Actividades Sustentables Administrativos, Tandem Printing Trade, Gainmate Comedores Industriales y Servicios Integrales Carregín. Éstas últimas dos fueron las ganadoras.
N+Focus encontró que las cinco compañías simularon competencia, ya que tras una revisión a los padrones de proveedores donde se han inscrito, a los contratos que han celebrado y a los movimientos notariales consultados en el registro público del comercio se detectó que comparten socios, apoderados legales, teléfonos, direcciones fiscales y algunas están ligadas mediante sus páginas web.
Por ejemplo, Actividades Sustentables Administrativos tiene como representante legal a Pedro Soto García, quien a su vez aparece como comisario en Tandem Printing & Trade, según las actas constitutivas consultadas en el registro público del comercio.
Una de las accionistas de Asviuc es Mercedes Guadalupe Ríos Lua, quien a su vez es administradora de la empresa Comercializadora Inteligente y Productivo Cal, señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde septiembre de 2017 como una compañía que factura operaciones simuladas, es decir, fantasma.
Estas cinco compañías pertenecen a su vez a una red más amplia conformada por al menos 29 empresas que operan bajo el mismo modus y detrás de las cuales, en su mayoría, figura como representante legal, Eduardo Alejandro Murillo Landeros, exjefe del departamento de administración y finanzas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.
Otra de las empresas de la red que ha prestado servicios a Diconsa es Comercializadora Azervayan, que firmó un contrato en abril de 2020 para dotar a la entidad de gel antibacterial. En el mismo procedimiento participaron con cotizaciones Asviuc, Productivi Comercializadora y Printing & Trade, parte del mismo conglomerado de firmas.
Actualmente el contrato otorgado a Comercializadora Aservayan está bajo investigación del órgano Interno de Control por “inconsistencias” en el procedimiento de adquisición.
Uno de los apoderados legales de Azervayan es Pedro Soto García, que también forma parte de Actividades Sustentables Administrativos y Tandem Printing & Trade.
El 24 de mayo de 2022, la Dirección de Asuntos Jurídicos de Diconsa presentó una denuncia penal ante la FGR por diversas irregularidades suscitadas tras la firma del “convenio de prestación de servicios, proceso de purificación y envasado de agua en garrafones de 20 litros”, informó en respuesta a una solicitud de información la institución.
Dos semanas después, el 7 de junio de 2022 finalmente la FGR comenzó una indagatoria por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada que hasta finales del año pasado continuaba en trámite, informó la FGR en respuesta a una petición de información.
Esta indagatoria se suma a otra ya judicializada sobre los contratos que firmó Diconsa con Carregín para el suministro de azúcar y por los cuales a principios de marzo de este año se giraron 22 órdenes de aprehensión.
La primera vez que Ignacio Ovalle, director de Segalmex, habló públicamente del proyecto de las purificadoras fue el 11 de junio de 2020. En una conferencia de prensa sobre los programas del bienestar, el funcionario anunció que ya se había iniciado con el establecimiento de 25 plantas para abastecer con garrafones de agua purificada a las comunidades donde las bebidas azucaradas son la principal opción de consumo.
“En algunas de las comunidades apartadísimas en donde estamos; de pronto el refresco embotellado es la única agua potable del pueblo, es la única que se puede beber con cierta confianza. Pero están azucaradas esas aguas gaseosas. Entonces se necesita ofrecer una alternativa, pero una alternativa barata”, explicó.
El 30 de julio de 2020 en el almacén de Segalmex-Diconsa ubicado en Xochipala, Guerrero, autoridades locales y federales inauguraron una de las primeras plantas purificadoras. “De nada sirve llevar leche en polvo a las comunidades si al preparar la leche la preparan con agua que no está purificiada”, explicó Rodolfo Anselmo Amador, entonces subgerente de la unidad operativa Segalmex-Diconsa en Guerrero.
El 7 de agosto de 2020 Diconsa anunció que había iniciado la operación de otra planta purificadora de agua en el almacén rural Acacoyagua a través de su Unidad Operativa en Tapachula, Chiapas.
“De esta manera, el gobierno federal atiende a las comunidades llevando agua purificada para que la población de alta marginación pueda contar con este producto a un precio accesible y con ello disminuir el consumo de refrescos embotellados”, se resaltaba en el comunicado oficial.
Pese a estos antecedentes, Segalmex y su filial Diconsa se han negado a proporcionar información sobre las plantas purificadoras. Al requerirle vía transparencia los contratos o convenios firmados con Gainmate y Carregín, las actas de entrega-recepción del proyecto, y datos generales del proyecto como la cantidad y ubicación de las plantas, se ha negado a brindar la documentación. Incluso desobedeció dos fallos del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que le ordenaba entregar los convenios.
