Aidee era subdirectora de delitos federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y fue enviada para perseguir penalmente a una red criminal enquistada en la reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Pero su ímpetu se disolvió cuando llegaron amenazas de pescadores y obstáculos de funcionarios. Una década después, en medio del Golfo de California rodeado de desierto, piensa que “está peor que antes”.

Aidee sigue caminando y encuentra redes de pesca y motores de panga, al tiempo que con una rama mueve montículos quemados de fauna marina. De pronto aparecen un par de autos polarizados que pescadores furtivos y coyotes del pueblo ya identifican y los relacionan con halcones al servicio del cártel de Los Chapitos. Otra pickup roja ingresa al tiradero, bajan dos sujetos con paquetes en la mano y los sepultan. “Seguro están tirando restos de totoaba”, dice la abogada. Horas más tarde, Aidee se percata que los “halcones” la siguieron hasta Puerto Peñasco. 

Aquí hay una disputa entre cárteles por el control del tráfico de fauna marina que se demanda en China con fines medicinales o afrodisíacos, y cuyos precios son similares a la cocaína y la heroína. Aidee explica que esa refriega se repite en varios puntos de la ruta: los productos tienen que cruzar las ciudades de Baja California, lo que implica que un “coyote” los transporte y soborne a los tres niveles de la policía. 

“A un contacto de un ministerio público federal yo le daba de 500 hasta mil 500 dólares, dependiendo lo que yo iba a transportar, pero había una cadena desde policía municipal, estatal y federal”, explica un coyote que llevaba el producto hasta restaurantes de Mexicali y a las aduanas de Tijuana y Ensenada. 

Hasta ese punto, el producto ilegal es almacenado en bodegas con refrigeradores y casas de seguridad para prepararlos en los contenedores, es decir, mezclar especies ilegales en un cargamento comercial. Ya trasladado en el recinto fiscal, los agentes aduaneros liberan la carga hacia otros países de Asia de manera directa o triangulada mediante 9 rutas analizadas por N+Focus, con base en documentos judiciales y aduanales de México, Estados Unidos y China, así como fuentes de inteligencia. 

Desde el gobierno pasado han salido centenares de “mulas”, contenedores y lotes hacia China, que han causado alertas en el gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos, en 2013, fue el caso de Mar de Coruña: un cargamento de 34 toneladas amparado bajo facturas falsas con destino a Hong Kong, cuyo comprador ya era investigado y se le sentenció en California en 2015 por triangular cargamentos con especies ilegales. Hoy, en México, existen denuncias contra funcionarios por omitir la investigación de ese caso. 

El último contenedor decomisado procedente de México fue un cargamento de 1.2 toneladas de aleta de tiburón en Hong Kong valuada en 40 millones de dólares, ocurrió en febrero del 2023. El gobierno mexicano omitió abrir una investigación vía Interpol; dejó morir el caso y no compartió información a su homólogo en Estados Unidos. 

Ambas postales son el antes y el después de un gobierno que ha dejado agolpados en los escritorios varios casos sin romper los esquemas de corrupción en las Aduanas, la Profepa y la Fiscalía General de la República (FGR). En este juego de vencidas, el crimen organizado ha demostrado que controla los puertos al menos en territorio mexicano. 

Red trasnacional 

A sus espaldas hay frascos de cristal con especies deshidratadas para sopa: pepino de mar, abulón y aletas procedentes de países de América Latina. Como este local hay cientos alrededor del barrio chino de Los Ángeles que ofrecen fauna marina similar. Desde refrigeradores repletos de camarón azul del Alto Golfo hasta una vejiga natatoria de totoaba, con sus características trenzas, reposada en un aparador. 

En California está enclavada la misma red criminal que encarga productos desde las costas mexicanas para cruzarlas por tierra a través de la garita de Tijuana. Una parte se vende de manera secreta en restaurantes chinos de México y Estados Unidos. 

Sigue la vía marítima desde Ensenada, haciendo escala en San Diego o Los Ángeles para luego triangularlas a China Continental, de acuerdo con documentos judiciales de México, Estados Unidos y aduanas de Hong Kong. 

En 2013 empresas fantasma comenzaron movimientos de cargamentos de fauna marina ilegal en Estados Unidos, el mismo año en que México tuvo registros de salidas importantes desde el puerto de Ensenada. Esto concuerda con el mismo lapso en que una red criminal comenzó a operar un esquema de lavado de dinero trasnacional, que involucraban especies silvestres. 

Casi dos años después la Drug Enforcement Administration (DEA), Fish and Wildlife y la Fiscalía de Georgia detectaron flujos inusuales y en 2015 iniciaron la “Operación Apex”. 

La empresa Serendipity Business Solutions, nacida en Burlingame, California, contrabandeaba aletas de tiburón desde México, California y Hong Kong; al frente estaba Terry Xing Zhao Wu, según registros judiciales de la fiscalía de Georgia. La otra, Phoenix Fisheries, constituida en Florida en 2013, era una empresa fantasma que ocupaba Zhao Wu para mandar tiburón mexicano en dirección a Florida; desde ese punto se enviaba al Puerto de Savannah y al de California bajo documentación falsa con el fin de exportarlas a China. El origen de esa documentación era irregular desde México. 

En 2020 el gobierno estadounidense ejecutó el golpe y fue detrás de los implicados. El acta en poder de N+Focus especifica que hubo unos 10 extranjeros de nacionalidad china y 2 empresas pesqueras acusadas. La DEA encontró en las casas de los investigados unos ocho millones de dólares entre efectivo, oro y plata, así como otros metales preciosos; diamantes; 6 toneladas de aleta de tiburón; 18 vejigas natatorias de totoaba; 18,000 plantas de mariguana y armas de fuego. 

El 24 de noviembre del 2020 -de acuerdo con documentos de la corte- el Juzgado del Distrito Sur de Georgia ordenó congelar una cuenta bancaria a la empresa Serendipity Business Solutions por 3.9 millones de dólares. Hacia julio del 2022 el Tribunal otorgó la libertad condicional de Woonjin Lam, uno de los implicados, luego de que llegara a un acuerdo con la fiscalía para que se declarara culpable; el resto de los detenidos continúa en juicio. En ese mismo mes hubo una moción de la fiscalía para detener el juicio por unas semanas; no hay fecha aún para reanudar el caso. 

La autoridad mexicana -a través de FGR, ANAM y Profepa- no solicitó cooperar en la operación a pesar de que involucraba puntos de salida de aduanas desde México. De hecho, en esta administración la cooperación ha sido nula, de acuerdo con funcionarios del gobierno estadounidense quienes pidieron anonimato, a pesar de que la “Operación Apex” puede responder preguntas sobre el movimiento de contenedores en México. 

Entre 2011 y 2023  se realizaron al menos 63 envíos desde México hasta Asia a través de contenedores, lotes y paquetes con especies protegidas de fauna y flora, de acuerdo con documentos de aduanas, fiscalías y procuraciones ambientales de Hong Kong, México y Estados Unidos obtenidos por N+Focus. La información indica que las 68 toneladas de recursos naturales que llegaron a China incluían totoaba, aleta de tiburón y pepino de mar; también maderas preciosas como el granadillo, así como especies desconocidas por la autoridad aduanera. 

La Profepa respondió en un cuestionario que estas “presuntas 68 toneladas de especies en riesgo” se pueden deber a que el producto ilegal se mezcla con fauna legal comercialmente. Sin embargo, la petición de información a Servicios de Aduana de Hong Kong, indica que esta cantidad corresponde a 32 casos de “contrabando de productos de mar” de 2019 a mayo del 2023.

En estos envíos se ocuparon triangulaciones a través de Estados Unidos, Guatemala, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán para llegar finalmente a China Continental y Hong Kong. Dentro de México, las triangulaciones se hicieron en estados como Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. En Estados Unidos lo hicieron a través de Georgia, Florida y California, así como en Vancouver, Canadá. 

Este modus operandi lo documentó la investigadora Wanda Felbab en su estudio La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre ligado a China, luego de recopilar informes y entrevistas con funcionarios de las tres naciones. “El enorme margen de beneficio que los productos de vida silvestre registran (…) los convierte en una herramienta ideal para el lavado de dinero”, explica.

“A medida que los comerciantes chinos de vida silvestre y de madera han ampliado su presencia en América Latina, también han llegado a México; y esto ahora conecta con cárteles mexicanos como el de Sinaloa, que está muy involucrado en la tala ilegal y la pesca tanto legal como ilegal”, detalla Felbab. 

Leyes mexicanas insuficientes 

La Aduana de Ensenada recibió un pitazo a inicios de mayo de 2013: un cargamento de 34 toneladas que escondía especies en peligro de extinción sería enviado a Hong Kong, en China. Las facturas por unos 181 mil dólares indicaban que la empresa Mar de Coruña le exportaría a Convenience Trading Company, de acuerdo con el expediente de la Profepa. 

Los productos iban en los contenedores HJCU6068910 y TGHU9976984 para ser transportados en el buque Hanjin Shiping, según las órdenes de pedimento. Los inspectores encontraron vejiga natatoria del pez totoaba, caballito, pepino de mar y aleta de tiburón, todas ellas protegidas por la ley. 

En aquel entonces, el gobierno celebró el golpe asestado, porque incrementaban las presiones internacionales a causa del descenso de la población de vaquita marina, catalogada en peligro de extinción y afectada por la pesca furtiva de totoaba. 

El peritaje -de acuerdo con el expediente- confirmó la ilegalidad de las especies en junio del 2013, pero la Profepa pidió la destrucción de los productos hasta septiembre de ese año. Esta supuestamente se realizó en un relleno sanitario por “compactación”, según un oficio reservado. 

Sin embargo, no estuvo presente una autoridad ministerial; se omitió destruir por la vía de la incineración; los inspectores no tomaron evidencia videográfica para el dictamen porque, según un cuestionario enviado a la Profepa, no tenían recursos para cámaras, aunque se contradicen ya que el acta de inspección sí tiene fotos del decomiso; e incluso, entre sus múltiples anomalías, un oficio de 2021 afirma que el producto sigue confiscado, no obstante la autoridad rechaza su existencia.  

A pesar de todas las explicaciones de la Profepa, el estatus aduanal indica que los contenedores dejaron el país. Ambos aparecen como “desaduanados” y “desconsolidados”,  de acuerdo con el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA); es decir, fueron exportados previo pago de impuestos para llegar a China. Además, en registros judiciales de 2013 no hay órdenes de “retención de mercancía” por parte de la Fiscalía. 

Todo esto indica que nunca llegaron a ser destruidos y siguieron su camino a China.

El gobierno mexicano ignoró que en esos años la familia Wing Chan era dueña de una empresa de mueblería llamada Kaven Company, utilizada como fachada para sacar especies ilegales a China. Esa familia también era propietaria de la compañía Convenience Trading Company, ubicada en Hong Kong, la misma que le compró el cargamento de 34 toneladas a Mar de Coruña, de acuerdo con documentos en poder de N+Focus. 

Convenience Trading Co omitió dar alguna postura, mientras que Mar de Coruña no contestó teléfonos ni correos. Incluso el buque Hanjin Shiping, que transportaba los contenedores, aparece fuera de servicio desde el 2014, de acuerdo con la plataforma Marine Traffic. 

Lo que comenzó como un gran acierto, se diluyó entre actos opacos. Tres años después, un juez desestimó las órdenes de aprehensión contra los propietarios porque, según la sentencia, “se advierten diversas irregularidades”. Uno de los implicados era el director Alejandro Arias Suárez, entonces presidente del Comité Nacional del Sistema de Productos Pelágicos de Baja California, así como los empresarios pesqueros Carlos Alberto Arias Vidaca, Carlos Guadalupe Sánchez Martínez y Felipe Bohon Chao, este último proveedor del Ayuntamiento de Tijuana. Ninguno contestó para dar su postura.  

La estocada final fue cuando el titular jurídico de Baja California, José Antonio Lee, solicitó una prescripción para el expediente sin resolver el caso. “Se advierte que fue omiso en atender oportunamente el expediente”, dice el documento de marzo del 2021. Lee ahora está denunciado ante el órgano interno de control por desacato, aunque sigue ejerciendo en el mismo cargo. La Profepa señala desconocer el estatus del procedimiento.  

Al final la Profepa atribuyó todas las fallas y errores al Ministerio Público de la federación, mientras que el agente de la fiscalía no contestó a la petición. “Se continúa trabajando con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos”, señala la Procuraduría ambiental, la cual agrega que se encuentra en estudio el caso pese a que ha transcurrido una década.

Las tropelías expuestas en Mar de Coruña son prácticas irregulares que comúnmente cometen agentes aduanales e inspectores, acusa la abogada Aideé Lara, exsubdirectora de delitos federales de la Profepa. “Esto no se daría si hubiera un buen papel en las aduanas, si realmente hubiera un filtro, una revisión adecuada estrictamente revisando las facturas”, evidencia Lara. 

En la administración actual se han asegurado 36 toneladas de derivados de fauna y 2 mil 732 piezas de maderas preciosas en las aduanas. No obstante, los registros sobre sus destinos o estatus jurídicos están incompletos, apuntan datos de la Secretaría de Marina (Semar).   

De hecho, en la actualidad, en las Aduanas y Profepa no se cuenta con un protocolo pericial de un decomiso con solidez legal, específicamente con recursos naturales. A falta de conocimientos de la federación, desde 2013 se apoyan en el trabajo independiente del Laboratorio de Genética de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Ensenada.  

“Hemos capacitado tanto a Policía Federal, Guardia Nacional, Profepa y Fiscalía en la parte de cómo identificar, por ejemplo, las vejigas natatorias de totoaba”, explica el doctor Luis Enríquez, genetista del laboratorio de la UABC. 

Consultas de reglamentos internos de Semarnat y Profepa, así como solicitudes de información realizadas, corroboran la inexistencia de las facultades de los funcionarios ambientales para hacer peritajes. Incluso unas dos decenas de dictámenes periciales sobre derivados de totoaba, obtenidos vía transparencia, muestran que los criterios no están homologados.

Esta ausencia otorga ventaja legal a las redes criminales, sobre todo cuando no hay información sistematizada, según abogados que han atendido clientes con cargamentos irregulares, quienes piden anonimato por temor a persecuciones de la autoridad. 

Para Abraham Huerta, otrora coordinador empresarial en la Secretaría de Pesca de Baja California, los envíos ilegales se deben a la falta de capacitación. “Lo hace muy difícil si el agente aduanal no está entrenado para poder deducir cuál es el origen (…) Esto es en la parte más formal, porque no hay que olvidar que también hay una parte en donde el producto sale escondido por las aduanas”. 

Corrupción aduanal 

Cuando Santiago Nieto llegó a la cabeza de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2018 puso énfasis en flora y fauna silvestre. Una de las investigaciones que impulsó su administración fue el “Expediente Tiburón” en el que se usaba esta especie marina congelada rellena de cocaína; se hacía mediante razones sociales presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa, a las cuales se les congelaron cuentas bancarias. 

La historia de esta red empezó desde Costa Rica. La ruta se hacía entre Centroamérica, Yucatán y Jalisco, así como Estados Unidos y países de Asia. Los filtros aduaneros mexicanos estaban involucrados en esta red que supuestamente utilizó puertos de la Península de Yucatán entre 2009 y 2019, según el esquema preliminar de la UIF.  

La indagatoria relaciona al Corporativo Pesquero Velázquez, quien tuvo captaciones inusuales por 272 millones de pesos, y ahora se encuentra estancada en la administración del nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez. Entre septiembre de 2022 y abril del 2023 -según registros judiciales- la empresa obtuvo resoluciones a su favor para el desbloqueo de cuentas. Tampoco se ha dictado una sentencia definitiva contra Martín Velásquez, dueño de la compañía.    

El “Expediente Tiburón” ilustra la práctica de esconder a las especies traficadas con otras comerciales, a la cual se le denomina “estufar”. Pero no es suficiente el ingenio en el contrabandeo, se requiere también a funcionarios corrompidos. 

Documentos obtenidos de la filtración de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -nombrados Guacamaya Leaks- detallan un “seguimiento táctico” en octubre de 2021 a una red integrada por aduaneros de Puerto Progreso, Tuxpan y Manzanillo, en la que terminan por triangular flora y fauna vía Tailandia hacia China. 

De acuerdo con las llamadas interceptadas, hay conversaciones entre “facilitadores” que transportan y procesan contenedores llenos de recursos naturales ilegales con documentos falsificados mediante empresas fachada; el mismo modus operandi detectado en la “Operación Apex”. “Las Aduanas en México sufren de importante corrupción e infiltración de grupos criminales (…) Se envían a China a menudo con documentos falsos”, confirma Felbab, investigadora del Brooking Institution. 

En esos primeros años de gobierno de igual modo la UIF inició investigaciones contra altos y medios mandos de aduanas. El foco rojo más importante se lo llevó Puerto Progreso, donde el extitular, Guillermo Calderón, prófugo actualmente de la justicia, poseía cuentas bancarias con operaciones inusuales dentro y fuera del país, específicamente en Brasil. Y ocupaba casinos para sus operaciones financieras, de acuerdo con una consulta de información en la UIF. 

Esto dio pie a que el gobierno mexicano anunciara en 2020 una “limpia” en las aduanas y facultó a la Semar para vigilar los puertos. Entre 2020 y 2021, las autoridades iniciaron mil 447 denuncias en contra de funcionarios aduaneros: el 66% fueron desechadas por falta de elementos acusatorios y el 34% sigue en investigación, detalla una base de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenida vía la Ley de Transparencia.   

Aduanas con mayor número de denuncias

Las aduanas con más registros por corrupción fueron Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Colima y Veracruz. Hasta ahora ninguna denuncia ha sido judicializada y tampoco han llegado a sentencias condenatorias.

Por su parte, la UIF congeló unas 150 cuentas bancarias, por un valor de 8 millones de pesos detectados con operaciones inusuales a los aduaneros. Y continúan en proceso 20 denuncias penales interpuestas ante la FGR. La UIF señaló a través de diversos oficios vía transparencia que es inexistente la información sobre los contenedores enviados a China que están vinculados a operaciones inusuales. 

Todo este entramado muestra una organización con tentáculos por todo el mundo. Por eso, cuando la abogada Aidee Lara se enfrentó sin apoyo institucional contra estas redes delincuenciales, ella no dudó en salir para ponerse a salvo.  

“El poco tiempo que estuve en Baja California me partió la vida. Recordé la primera vez que llegué con mucho entusiasmo, llegué con muchas ideas de cambio. Y me fui enfrentando con muchos problemas a falta de apoyo institucional, en donde una persona no podía con todo este monstruo del tráfico internacional”, recuerda la penalista. 

El tiempo ahora le da la razón a la exfuncionaria: actualmente México no ha establecido acciones a través de Interpol que golpeen al crimen organizado en los puertos como lo fue la “Operación Apex”, de acuerdo con solicitudes. Esto sucede en buena medida por la falta de cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y China. “En este momento no hay una colaboración significativa (…) sobre el tráfico de vida silvestre”, critica Felbab. 

Aideé regresó a Baja California una década después y se dio cuenta que incrementó la corrupción policial y aduanal; también la inseguridad cerca de las costas e incluso, en la comunidad china de Mexicali. De manera inédita, en dos hechos distintos ocurridos este año, un negocio chino fue incendiado y un afamado empresario asiático fue asesinado. Entre las líneas de investigación de la fiscalía están los posibles adeudos en el negocio del tráfico de vida marina.  

La abogada dice que no volvería a trabajar bajo las condiciones de abandono en las que se encuentran ahora mismo las instituciones ambientales. Para no olvidar aquel capítulo de su vida, se realizó un tatuaje de una totoaba y una vaquita marina con su cría. Ese tatuaje que se hizo en la espalda, ahora tiene una historia, una que involucra una red de corrupción que algún día combatió en el Alto Golfo, y que sigue operando con la misma fuerza que hace 10 años.