El yacimiento energético más importante de Texas detonó decenas de inversiones en la frontera norte de México en la última década. Una de ellas, la más reciente y grande, es la de “Saguaro Energy” de la empresa estadounidense Mexico Pacific, quienes obtuvieron un permiso presidencial de EU en 2022.
Se trata del ducto de gas licuado transfronterizo más grande que pretende atravesar zonas vulnerables del desierto texano, la Sierra Madre Occidental en Chihuahua y Sonora, y el cinturón de islas del Golfo de California, el llamado “acuario del mundo”.
El megaproyecto fue impulsado por el gobierno de Joe Biden, y luego por el de Donald Trump, mientras que en el de México, tuvo numerosas autorizaciones en el sexenio pasado, a pesar de las múltiples irregularidades reclamadas por organizaciones ambientales y sociedad civil; y que hoy han sido detenidas por la federación.
Esta es la historia del ducto más grande que pretende violar derechos humanos y leyes ambientales para llevar gas licuado a Asia.
Saguaro Energy
Veneno para pueblos y reservas naturales
Texto Alejandro Melgoza Rocha
Realización Enrique de la Mora
Viridiana Valenzuela, pescadora de 37 años en el Golfo de California, toma una baqueta color rojizo que la cooperativa La Rivera pescó por la mañana y la coloca acostada en la mesa a las 7 de la mañana de un día de julio. Le hace un corte debajo de la garganta hasta la panza.
Las vísceras comienzan a deslizarse en la mesa y Viridiana escarba con su mano hasta remover todo el interior. Lo pasa a la báscula, anota el peso y lo deja en un contenedor repleto de hielo. Esto lo hace a diario, frente a la playa en Puerto Libertad, Sonora. Un proceso que hace al menos una decena de veces en el día.
Viridiana, junto a otras pescadoras y “deschurupadoras”, llamadas así las mujeres que se dedican a limpiar el producto del mar, repiten el ritual hasta que terminan los cargamentos que arriban a puerto, y que son escasos en las épocas de julio y agosto, debido a la veda o prohibición, por ser periodos de reproducción de varias especies como el tiburón. Pese a la parálisis de la economía por la veda, las risas no dejan de brotar, ni las bromas, ni los ceviches frescos de desayuno, en medio de un calor que lacera la piel.
“Estamos muy a gusto deschurupando en la sombrita”, dice Viridiana mientras continúa la faena dentro de esta cooperativa, una de las empresas pesqueras más antiguas del puerto que pertenece al municipio de Pitiquito, un punto estratégico para megaproyectos energéticos. La historia de este poblado, de unas cinco mil personas, se construyó a la par de la Central Termoeléctrica en 1979, aunque desde los sesentas ya había un poblado pesquero.
Ahora Viridiana siente que la tranquilidad de aquellos años se desvaneció cuando las empresas llegaron a “prometer el cielo y las estrellas”. Primero fue un ducto a las espaldas del pueblo; hubo trabajo durante meses, luego despidieron a los pobladores y trajeron ingenieros; después fue un centro fotovoltaico, y ocurrió la misma historia; y hace tres años la empresa “Mexico Pacific” presentó un ducto de gas licuado de 800 kilómetros que viene desde la Cuenca Pérmica de Texas, Estados Unidos, y pretende cruzar por Chihuahua, e instalar su planta aquí. El proyecto se cocinaba desde 2006 con permisos parcialmente autorizados.
La pescadora ve la misma historia, con palabras similares y promesas asemejadas al pasado. “Ahorita la gente no mira a un futuro. Por ejemplo, dura 5 años el proyecto, sí ganaste muy bien y todo lo que tú quieras, si ahorraste bueno y si no, pues ni modo. De ahí para allá, los pescadores, ¿qué van a hacer? Ya no vamos a poder trabajar en el mar”, explica.
El tamaño de la planta será de 129 hectáreas de las 2,054 planeadas a lo largo del proyecto transfronterizo, según la Manifestación de Impacto Ambiental. Las instalaciones marítimas están planteadas en 1.3 kilómetros de largo y más de 36 mil metros cuadrados, donde los buques metaneros se estacionarán para recibir 15 de millones de toneladas de gas licuado desde Texas, Estados Unidos, para transportarlas hasta este punto, y luego que sea enviado a través de buques al mercado asiático, pasando por las islas del Golfo de California, que albergan el 39% de las especies marinas del mundo.
“Aquí no ha venido el gobierno a decirnos o a platicarnos de la licuefacción. Yo nomás miré beneficios para ellos a como lo platicaron, pues que te la vienen y te la platican muy bonito… Son mentiras todo lo que te dicen. Los únicos que se van a beneficiar son la gente foránea”, agrega Valenzuela un mediodía de julio de este año, pues cree que la llegada de estas inversiones significan el inicio de conflictos para el pueblo.
Toma aérea del terreno de Mexico Pacific en el pueblo de Puerto Libertad, Sonora. Gráfico: Erick Ruiz Esparza.
La historia de la llegada de la empresa Mexico Pacific, filial de Sierra Madre LLC, constituida en Delaware, Estados Unidos, empezó en 2022 a impulsarse a través de firmas de combustibles fósiles como la de Quantum y J.P. Morgan, con una inversión de 15 mil millones de dólares. El acercamiento de los CEO con la federación empezó en el sexenio pasado, y se mantiene con los gobiernos locales de Sonora y Chihuahua.
La transición del megaproyecto estuvo plagada de irregularidades en el tramo de México, de acuerdo con los amparos en poder de N+Focus, como lo son omisiones por no implementar una consulta pública entre los posibles afectados y la falta de una opinión técnica de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para evitar impactos en el mercado energético mexicano. También se suman omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) por no realizar inspecciones en el terreno desmontado, de acuerdo con documentos.
Entre marzo y septiembre del 2025 la Comisión de Medio Ambiente interpuso tres puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Asea y la Secretaría de Marina (Semar) “la revisión exhaustiva” de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Saguaro Energy, así como “evaluar rigurosamente” los riesgos para la biodiversidad, y la revisión de la Agencia sobre riesgos de accidentes, derrames, y emisiones.
“Este proyecto podría convertir el Golfo de California en una zona de sacrificio ambiental: no hay empleos que pueda suplir todo lo que propone esta empresa, que además todo lo que se va a generar se lo va a llevar a Asia, entonces no tiene ningún sentido”, dijo el pasado 1 de octubre la Senadora Susana Zatarain, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, durante la comparecencia de la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas.
Tampoco han sido transparentados los dictámenes de salvamento arqueológico otorgados a favor de la empresa el 17 de julio del 2024, y que fueron reservados por un lustro.
A los diez amparos interpuestos en México, se suma la apelación iniciada por las organizaciones Sierra Club y Public Citizen ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, Estados Unidos. A pesar de que el 1 de agosto perdieron la batalla legal luego de una decisión unánime por parte de comisionados de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) inclinados por autorizar proyectos de energías fósiles, las organizaciones detectaron irregularidades como la mínima revisión que hizo la autoridad estadounidense a solo unos 300 metros del ducto en Texas, sin considerar los posibles daños ambientales en reservas, así como la discriminación ambiental en contra de pueblos originarios en la zona.
La nueva demanda de las organizaciones se centra en impugnar la renovación de los permisos de la empresa que solicitó en junio pasado al Department of Energy para extender el plazo de su inicio de operaciones antes de 2032.
Los documentos judiciales y la reportería en Sonora, Chihuahua y Texas, Estados Unidos, indican que la empresa inició en 2022 un camino fast-track sin atender las regulaciones en territorio mexicano, y que se favorecieron gracias a las legislaciones texanas, que la mayor parte de las veces dan la razón a los empresarios por encima de los argumentos socioambientales, especialmente en la administración del presidente Donald Trump.
Un ducto en el paraíso
Higinio zarpó en su panga la mañana del 17 de julio para recorrer el proyecto desde el mar. Higinio viró el timón a la izquierda hacia la zona de baja altura que ocupan los buzos-pescadores para atrapar pulpos. En esa zona se observan, al amanecer, lobos marinos zambulléndose en la arena húmeda mientras los delfines saltan de un lado a otro. “Andan aquí como si fuera su casa”, dice el pescador.
Ahí es donde la empresa “México Pacific” plantea la entrada de los buques metaneros para recoger el gas licuado, que representaría el 26.4% del comercio internacional de GNL, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Estas embarcaciones equivalen a 12 ballenas azules adultas, es decir, unos 300 metros de largo; su tamaño implica que la bahía sea restringida para los pescadores ribereños. “Va a venir un barco y te van a parar dos o tres días hasta que se vaya el barco y supuestamente cada semana va a estar viniendo un barco”, cuenta el pescador.
El pueblo pesquero de Puerto Libertad rodeado por la termoeléctrica de CFE y el terreno de Saguaro Energy. Gráfico: Erick Ruiz Esparza / Google Earth.
Higinio acelera la velocidad de la panga en dirección a la antigua central termoeléctrica. Va directo a una pequeña isla de lobos marinos para ejemplificar la riqueza marina de la zona. Una vez en la “lobera”, Higinio apaga el motor, para ver a los “centinelas del Golfo de California”, llamados así por los biólogos marinos, porque son indicadores de la salud marina, pues nunca cambian sus hábitats.
“Es una chulada aquí, hay mucha tranquilidad”, describe Higinio suspirando mientras a sus espaldas permanecen lobos marinos recostados en las piedras para recibir el sol en sus lomos; luego lanzan sus ladridos, dan clavados al agua y nadan boca arriba. “Aquí mismo en la sierra luego se ve a los grupos de cimarrones”.
El pescador de unos 52 años con un bigote tupido, la piel rojiza por la resolana y unos lentes oscuros, expresa sus temores: “Por este lado va a estar la gasera y allá tenemos la termoeléctrica que está funcionando con gas también. Ojalá nunca pase, pero puede pasar un accidente. El pueblito está en el medio. No tenemos ni bomberas (sic.)”.
El temor de Higinio está fundado. La planta proyecta el transporte anual de 15 millones de toneladas de gas licuado, según la MIA, que vendrán a través de un ducto de 48 pulgadas. De acuerdo con el reciente informe de Iniciativa Climática de México, la producción de Saguaro Energy equivaldría al 3.5% del límite global estimado por la AIE para “cumplir con el escenario de emisiones netas cero en 2050”.
Con base en el análisis de ciclo de vida del proyecto, la AIE determinó que la producción junto a sus etapas posteriores de licuefacción generarán “importantes” emisiones de efecto invernadero debido al metano (CH4) que posee un mayor calentamiento global superior al CO2. “Va a haber contaminación, ruido y desorden”, reclama el pescador, quien confirma que el pueblo no tuvo una consulta pública organizada por la federación y la empresa.
Ballenas grises nadan en la superficie de las Islas Tiburón, en el Golfo de California, durante la época migratoria. Crédito: Por el Planeta
La consulta era obligatoria -conforme al artículo 43, fracción I, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)- pues se trata de un proyecto que puede ocasionar desequilibrios ecológicos, daños a la salud y a los ecosistemas. Esa fue razón suficiente para que el proyecto fuera detenido a través de diez amparos que describen tres tipos de irregularidades.
Los amparos en poder de N+Focus, hasta ahora inéditos y que están radicados en juzgados de Sonora y Chihuahua, revelan omisiones de la ASEA por las violaciones a derechos por “no adoptar las medidas para asegurar las condiciones necesarias para que se diera la participación pública” en relación a la evaluación de impacto ambiental del proyecto STGN Sierra Madre (Frontera Puerto Libertad).
Las medidas judiciales también señalan que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria no solicitó una opinión técnica a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para determinar el impacto regulatorio. “Indefectiblemente tienen incidencia en los términos que se aprobó (...) y consecuentemente repercusión material en el mundo real: que la parte quejosa goce de la facilidad de acceso a las energías limpias y a la salud, así como en su economía”.
Amparos interpuestos contra Saguaro Energy por omitir consultas públicas al pueblo de Puerto Libertad, en Pitiquito, Sonora. Fuente: Documentos CJF
Pese al posible impacto ambiental, la dirección de asuntos industriales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no inspeccionó el sitio desmontado por la empresa, de acuerdo con una solicitud de información. Pitiquito es el último punto que se planea para el ducto en el lado mexicano, pero hay un largo trecho de una decena de municipios sonorenses más hasta llegar a Chihuahua, en la localidad de Guadalupe.
Los permisos tan veloces otorgados la pasada y presente administración tienen una razón: el representante legal de “Mexico Pacific”, José Luis Vitagliano, quien aparece en las solicitudes de autorizaciones, ya tiene experiencia en gasoductos y proyectos energéticos: trabajó en Gasoductos de Chihuahua, en la Terminal de GNL de Altamira, y también en Baker Hughes y Petróleos Mexicanos (Pemex). Actualmente es Vicepresidente sénior de integración de activos y planificación operativa de “Mexico Pacific”.
Se envió un cuestionario a Vitagliano sin respuesta hasta el cierre de edición.
De acuerdo con la senadora Susana Zatarain, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, las autoridades no han transparentado los procesos. “Yo espero que pronto la Semar, Semarnat y Profepa puedan rendir un informe transparente y que no están solo esperando los resultados de los amparos judiciales que están en proceso”.
Zatarain, legisladora por el distrito de Baja California Sur y de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), revela que en las próximas semanas solicitarán una comparecencia de las autoridades. “Ya estamos a casi finales de año, necesitamos que vengan al Senado de la República a darnos una información oficial, pública, respecto al seguimiento a este proyecto tan impactante”.
Respecto a lo anterior, el pasado 1 de octubre, la titular de Semarnat, Alicia Bárcenas, señaló durante su comparecencia -a pregunta expresa de la senadora Zatarain- lo siguiente: “Estamos trabajando muy a fondo proyecto Saguaro, lo tenemos en el radar, y esperamos poder presentar el caso de manera contundente para lograr priorizar el Golfo de California y donde la conservación es muy importante. Estamos trabajando con la Asea”.
Los puntos de acuerdo han destacado las afectaciones en la vida marina en las Islas del Golfo de California, en particular en la Isla Tiburón, de acuerdo con el colectivo Ballena o Gas, conformado por decenas de organizaciones.
La ruta de los megabuques -de acuerdo con el colectivo- ha indicado que atravesaría por las áreas de crianza de ballenas, que además de provocar posibles colisiones, también ocasionaría ruido: “Son muchas hectáreas y el impacto que va a tener no solo de desmontarla, sino de montar esta empresa ahí, creo que se tiene que consultar con todos los ciudadanos alrededor”, refiere la legisladora.
La historia legal de Saguaro Energy empezó irregularmente. De acuerdo con el título de concesión de la Semar en poder de N+Focus, otorgado el 13 de marzo del 2025, la primera autorización de impacto ambiental se otorgó en noviembre de 2006 a favor de la razón social “Terminal GNL de Sonora S de RL de CV” por unos 25 años; luego, en marzo de 2008, se dio por 15 años la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre, y fue renovada en enero del 2024.
Ambas autorizaciones las dio la Dirección General de Impacto Ambiental de la Semarnat bajo la firma del exfuncionario Ricardo Juárez Palacios, quien renunció en 2007 tras más de una decena de investigaciones de la entonces Secretaría de la Función Pública por presuntamente otorgar de manera indebida autorizaciones a megaproyectos, uno de ellos el de la terminal de gas licuado de la empresa Chevron Texaco, en las islas Coronado, Baja California; proyecto que no se llevó a cabo.
Además, según la enmienda solicitada por Saguaro Energy el pasado 18 de junio del 2025 al Department of Energy, la empresa firmó un acuerdo de colaboración con la Semar para apoyar el proyecto por su relevancia bilateral. “En virtud de este acuerdo, las partes se centran en la seguridad de la Planta Saguaro Energía, los ductos asociados y el personal, así como en la rehabilitación de un aeródromo estatal cercano a la Planta, que brindará beneficios logísticos durante las fases de construcción y operación del proyecto”, dicen las comunicaciones.
Quebrar la sierra madre
En la frontera de Sonora y Chihuahua, a la altura de Janos y Ajos Bavispe, se divisan sierras, barrancas y quebradas en medio de cielos despejados. Los cuerpos montañosos se esculpen entre bosques mixtos y mechones de matorrales, que kilómetros más adelante se convierten en planicies verdosas.
A lo largo de estos ecosistemas, conocidos como cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental, el ducto planea extenderse por Bacerac, Huachinera, Villa Hidalgo, Huásabas, Cumpas, Arizpe, Cucurpe, Santa Ana, Trincheras y Pitiquito; y luego, en Chihuahua, hacia Guadalupe, Ahumada, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Galeana, y Casas Grandes.
La ruta del gasoducto que pretende instalarse desde Texas, Estados Unidos, Chihuahua y hasta el Golfo de California Gráfico: Erick Ruiz Esparza.
“Toda la parte del tramo que atraviesa la Sierra Madre Occidental es un punto en el que hay que poner mucha atención porque los gasoductos, por su proceso de construcción (...) Generalmente tienen emisiones o filtraciones o pequeñas fugas de gas”, explica Carlos Castillo, integrante del colectivo Ballenas o Gas.
“Esto puede provocar incendios y destrucción de los ecosistemas por donde va pasando el gasoducto”, añade el también exdirector regional de la Conanp en Sonora y Baja California.
En esta región se localizan decenas de reservas naturales, pero las más cercanas al ducto serán las de los Ajos Bavispe, Sonora, y la de Janos, en Chihuahua. Si bien el megaproyecto no atraviesa dentro, son dos áreas naturales cuya biodiversidad serrana está poblada de fauna y flora protegida por leyes ambientales, como la cotorra serrana, el gato montés y el jaguar.
Janos es, por ejemplo, el principal hogar de los búfalos o bisontes americanos en el país; ahí yacen pastando para luego correr a marcar su territorio ante la presencia humana. Su población actual es de unos 500 ejemplares, y conviven a un costado de los plantíos circulares de la comunidad menonita.
Biodiversidad marina y terrestre en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua y Sonora, así como en el Golfo de California. Fotos: Por el Planeta / Enrique de la Mora para N+Focus
A lo largo de estas carreteras hay empresas agrícolas y rancherías, como en el ejido Chupadero de Alcaparra donde se encuentra Cultivos Agrícolas El Burro SC. Esta empresa se amparó debido a la validación del “contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso”, lo que significa un derecho de paso o uso sobre una propiedad, que en este caso sería del ducto.
El documento en poder de N+Focus, con sentencia de diciembre del 2024, indica que era “improcedente” validar el contrato. Se buscó hablar con el dueño de la empresa, Jacob Enns Friessen, quien no accedió a hablar con este medio. En cambio, uno de sus trabajadores señaló vía telefónica que no había conflicto legal: “Ya está todo platicado con papeles y todo, ya firmamos y se hizo todo”. Esta mecánica la realizó la empresa con más terrenos como lo establecen más registros judiciales consultados.
Aquí tampoco la Profepa ni la Asea hicieron inspecciones a pesar de la alta biodiversidad en todo el trayecto, de acuerdo con una solicitud de información. “El desierto chihuahuense es el segundo desierto más biodiverso del mundo. Es una sierra que está totalmente indefensa, no tiene algún estatus de protección actualmente”, explica Raymundo Álvarez, director de la organización Sierra de Juárez.
Chihuahua es el segundo estado en el país con más gasoductos -9 hasta el momento-, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DNUE) del INEGI; está por debajo de Ciudad de México. En el caso de Sonora, y también Chihuahua, son las dos entidades con “mayor afinidad”, es decir, tienen la probabilidad de incrementar el tamaño de su mercado de GNL.
Hasta ahora se han evidenciado los posibles daños en el Golfo de California, dejando de lado las inmediaciones de las reservas del “macizo montañoso” de la sierra madre occidental. “Es una zona como un valle con altas montañas, con altas sierras implica el desmonte y remover especies que puedan estar en peligro de extinción o que estén en riesgo”, explica Álvarez.
Incluso en terrenos por donde pasará el ducto se pretende construir una Estación de Compresión (CS4) a 7.9km al oeste de Santa Ana, un área posiblemente susceptible de que haya restos arqueológicos. “El material arqueológico casi fue nulo y por lo tanto no se considera necesario realizar otros trabajos arqueológicos en específico. Por lo tanto no existe inconveniente en materia arqueológica para otorgar el visto bueno”, dicen las conclusiones de la Dirección de Salvamento Arqueológico, pese a que el INAH reservó el dictamen.
El objetivo del colectivo Sierra de Juárez es articular la ofensiva desde Chihuahua junto con Sonora, y al mismo tiempo con las organizaciones texanas, según el activista. “Hemos estado buscando las mayores alianzas posibles y atacar por todos los frentes y buscar que este proyecto no se lleve a cabo”.
Desierto fusionado
A unos 134 kilómetros de la frontera se localiza Sierra Blanca, un condado texano en el que vive el activista Bill Addington, un afamado personaje de Estados Unidos por encabezar en 1991 la oposición contra un proyecto de desperdicios nucleares, que se pensaba instalar entre Texas y el Valle de Juárez, el segundo desierto más biodiverso del mundo.
Bill ha atestiguado a sus 68 años de edad los intereses de empresas energéticas por los yacimientos petrolíferos, y por ello creó hace una década su organización “Save Sierra Blanca”, que se dedica a denunciar megaproyectos. Para ello Bill pasa sus días hablando por teléfono con más activistas de la frontera, revisa informes y resoluciones judiciales, y lee a diario el periódico en un pequeño restaurante de comida Tex-Mex.
Desierto de Sierra Blanca, en Texas, donde la empresa Mexico Pacific planea atravesar con el gasoducto hacia el Valle de Juárez, Chihuahua. Gráfico: Erick Ruiz Esparza.
A veces toma su vehículo para ir a las afueras de su condado, y luego vigilar si hay algún avance en los ductos de Saguaro Energy, cerca de la reserva llamada Indian Hot Springs, conocida por sus enormes zonas de vestigios tribales. Para llegar a ese punto atraviesa una pequeña rivera cerca de la frontera y el Río Bravo -también llamado Río Grande en Estados Unidos-.
“Este es uno de los últimos lugares vírgenes de Texas, en el desierto de Chihuahua: es muy aislado y no hay desarrollo”, dice Bill al tiempo que estaciona su auto debido a que el camino ya no permite el paso, apoderado de pendientes y charcos fangosos, tras las lluvias que han caído en el verano, en medio de un sol ardiente. “Este oleoducto causaría graves daños no solo a la región y a las montañas, sino también a su proximidad a Indian Hot Springs”, agrega.
El expediente del proyecto Saguaro ante la FERC con número CP23-29-000 indica que fue desde el 20 de diciembre de 2022 cuando Saguaro Connector Pipeline LLC presentó una solicitud formal para obtener el permiso presidencial y una autorización, con un estimado de inversión en la instalación fronteriza de unos 9 mil 500 millones de dólares, que vendría desde una conexión con el gasoducto interestatal de WesTex en el Centro Waha, en el condado de Pecos.
La aprobación llevó a que las organizaciones Sierra Club y Public Citizen demandaran a la FERC ante un Tribunal de Circuito en Washington DC el pasado 18 de febrero de 2024 por “limitarse indebidamente” a la revisión de únicamente 305 metros de los 252 kilómetros del gasoducto. Según las organizaciones, la ley exige una revisión más exhaustiva que analice los impactos ambientales en zonas como Indian Hot Springs, y el condado de Van Horn.
De acuerdo con la demanda, el proyecto “dañaría los recursos tribales locales y las tierras ancestrales y fomentaría el racismo ambiental”; sumado a que la construcción “no evalúa la magnitud o los impactos” de fugas accidentales y su toxicidad, así como impactos ecológicos en los humedales de la zona. Sin embargo, en junio de 2024 la Corte concluyó que “el proyecto propuesto no tendría impactos significativos en los recursos de agua superficial o humedales”. En respuesta, las organizaciones apelaron.
Tras la decisión adversa de la FERC, presentamos una solicitud de reconsideración de su decisión errónea. Lamentablemente, los jueces federales adoptaron una postura muy limitada y mostraron mucha complacencia hacia la FERC
Tyson Slocum, director del Programa de Energía de Public Citizen
La mañana del 1 de agosto Tyson envió un escueto correo electrónico a N+Focus y a medios de Estados Unidos: “We lost our legal challenge”.
Slocum explica por qué no continuaron hasta la Corte Suprema. “Si hubiera sido una decisión dividida, es decir, si un juez nos hubiera dado la razón, quizás lo habríamos aceptado. Pero en este momento, los costos legales y el tiempo que implica apelar ante todo el circuito de Washington D. C. y luego intentar llegar a la Corte Suprema son muy difíciles, especialmente considerando cómo Trump y los republicanos han logrado controlar gran parte del poder judicial estadounidense, especialmente la Corte Suprema”.
Por lo anterior, las organizaciones replantearon la estrategia contra la solicitud de “Mexico Pacific” para la extensión de la fecha de exportación de gas. Actualmente tienen una demanda iniciada contra la misma.
La solicitud para extender la puesta en operaciones fue resuelta positivamente por el Departament of Energy de Estados Unidos en junio del 2025.
La empresa expresó que todos los permisos del gobierno mexicano han sido favorables, sin embargo, N+Focus constató que omitieron detallar los amparos en México en los que se encuentra envuelto el megaproyecto; e incluso omitió incluir la comunicación oficial de Semarnat de marzo del 2025.
“Mexico Pacific confía en su capacidad para consolidar el éxito alcanzado hasta la fecha en la comercialización de la Planta, como lo demuestra la firma de contratos de compraventa de gas (SPA) vinculantes a largo plazo con siete clientes solventes de GNL”
Agrega la enmienda respecto a las contrapartes que son ExxonMobil LNG Asia Pacific, Shell Eastern Trading (Pte) Ltd, ConocoPhillips Marketing & Trading Intl, LLC, Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd, Posco International Corporation, Zhejiang Energy International Ltd, y Guangzhou Development Gas Trading Co.
Para Martha Psskowski, investigadora en Inside Climate News -la redacción más antigua especializada en investigaciones climáticas en Estados Unidos- “Texas es realmente el corazón de la industria del petróleo y el gas en los Estados Unidos y en los últimos años este país ha alcanzado niveles récord de producción de petróleo y gas”.
Así lo demuestra una investigación de Inside Climate News, Texas Tribune y Propublica -cuya coautora es Psskowski- donde se revela que el 99.6% de los permisos solicitados por empresas energéticas son aprobados sin restricciones en Texas.
Saguaro Energy parece haber caminado sin problema en Estados Unidos, y pese a que en México hay medidas judiciales en contra del proyecto, los inversionistas se saben confiados: “Tanto la presidenta Sheinbaum como el expresidente Obrador pertenecen al mismo partido político y apoyan la Planta de Saguaro Energía, y el gobierno federal mexicano continúa apoyando el proyecto”, dice la enmienda que envió Vitagliano al gobierno estadunidense, representante legal de la empresa en México.
“Tanto la presidenta Sheinbaum como el expresidente Obrador pertenecen al mismo partido político y apoyan la Planta de Saguaro Energía, y el gobierno federal mexicano continúa apoyando el proyecto”, dice la enmienda que envió Vitagliano al gobierno estadunidense, representante legal de la empresa en México.
A la oposición civil conformada por pobladores de Puerto Libertad, Ciudad Juárez y Sierra Blanca no les parece nuevo que la industria del gas texano presione para obtener resultados favorables. En el pasado, durante el desarrollo de otros proyectos, ya han atravesado procesos conflictivos, amenazas, intentos de cooptación y otras maniobras de la industria energética. “Cuando hacen estas cosas a los activistas en México o aquí, significa que estás marcando la diferencia”, dice Bill Addington que mucho sabe sobre la defensa del territorio y quien encuentra esperanza para detener el veneno para los pueblos y las reservas naturales.
