El 26 de septiembre de 2022, Verónica se despertó con un presentimiento: era su último día en el CERESO Hermosillo I. Las internas del área femenil de ese penal, en Sonora, estaban inquietas. Circulaba el rumor de que venían traslados del CERESO Femenil de Nogales y el de Ciudad Obregón. Pero la mañana transcurrió sin novedad.

A las 5 de la tarde, las mujeres fueron devueltas a sus celdas como siempre. Solo que esta vez les ordenaron tapar las ventanas que dan al patio y, aunque estaba prohibido, echaron candado a las rejas.

Durante la madrugada del 27 de septiembre de 2022, Verónica y al menos otras 12 internas de cárceles de Sonora fueron trasladadas al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) 16 Femenil, la única prisión federal para mujeres en México.

Ubicado en Coatlán del Río, Morelos, el CEFERESO 16 fue el destino de 1,108 mujeres que fueron enviadas desde 62 prisiones de 25 estados del país en los últimos nueve años. De las 10 entidades que más internas trasladaron, Sonora es la más lejana.

Los traslados aumentaron como medida para abatir la sobrepoblación en las prisiones estatales en las últimas dos décadas: en las cárceles femeniles la población aumentó 43% frente a 17% en las varoniles. La medida no funcionó.

Al concentrarlas en una sola prisión federal a miles de kilómetros de sus hogares, los traslados rompieron el contacto familiar y comunitario clave para la reinserción de las internas. Por criterios contradictorios, permanecieron lejos durante años en los que los estados incumplieron su obligación de mejorar las condiciones de sus cárceles.

Cuando Verónica ingresó al CERESO Hermosillo I en diciembre de 2021, era la segunda cárcel más sobrepoblada de Sonora. En el área femenil había 334 mujeres, 106 más del cupo que tiene el penal.

“En una celda hasta 12 mujeres vivíamos, hacía un calor extremo. Yo pedía que se nos pusieran minisplits. Los hombres sí tienen minisplits en ciertas áreas”, cuenta Verónica sobre aquellos días.

Un mes después de que la enviaran al CEFERESO junto a sus compañeras, Hermosillo I se convirtió en la prisión más sobrepoblada de Sonora. En los 228 espacios para mujeres convivían 353, según el reporte de octubre de 2022.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó a Sonora en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de ese año. Además de la sobrepoblación y el hacinamiento en Hermosillo I, documentó que ni ahí ni en los CERESOS de Ciudad Obregón y Femenil de Nogales había condiciones de gobernabilidad. No se garantizaba la integridad o una estancia digna de las internas, el personal de seguridad y custodia era insuficiente y había deficiencias en los servicios de salud.

Ese panorama es similar al de la mayoría de los estados del país. En el Estado de México, que trasladó a 212 mujeres al CEFERESO 16, las áreas femeniles de los penales de Santiaguito y Chalco registran sobrepoblación de 144% y 300%, respectivamente.

Chihuahua y Zacatecas fueron de las entidades que más internas enviaron al CEFERESO. Ambos estados reportaban insuficiencia de personal de seguridad, pero mientras Chihuahua despresurizó las prisiones, Zacatecas mantiene una sobrepoblación del 133%, deficiencias en servicios de salud, en infraestructura y la inexistencia de actividades laborales.

Esas condiciones fueron la principal razón para la construcción del CEFERESO 16 y para los traslados de las mujeres, según los documentos consultados para esta investigación. Sin embargo, el efecto fue una crisis de salud, seguridad y derechos humanos, atribuida principalmente al aislamiento de sus familiares.

“La ventaja de estar en Hermosillo es que mi familia me podía llevar el medicamento y allí se quedaba”, dice Verónica, que padece artritis reumatoide y fue trasladada con hepatitis. Una visita a Morelos desde Hermosillo implica dos días de viaje en automóvil o gastos que la mayoría de las familias no puede cubrir.

Verónica no recibió visita durante los 20 meses que estuvo recluida ahí. A otra de las sonorenses trasladadas con ella, sus padres la visitaron la única vez que pudieron costear el vuelo a la Ciudad de México, el autobús a Cuernavaca y el taxi a Coatlán del Río.

“Llegamos al CEFERESO a las 9 de la mañana. Duramos hasta las 11 en tanto trámite y entramos como a la 1 de la tarde. La miramos una hora porque a las 5 se terminó la visita y ya nos sacaron”, dijo la madre de esa interna.

Desde 2015, en su estudio Las mujeres invisibles. Los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres , la investigadora Catalina Pérez Correa documentó que ante las carencias de los centros penitenciarios, las familias asumen el gasto en insumos básicos como comida, agua y productos de higiene personal para las internas. Eso se termina cuando las trasladan.

“Ya no las visitan porque normalmente la familia está más preocupada por atender a los hijos y por ver las cuestiones del sostenimiento económico”, dice Gerardo Manríque, defensor público adscrito al Instituto Federal de Defensoría.

Los traslados están contemplados en la ley. Previa autorización de un juez, pueden realizarse a solicitud de las personas en prisión (voluntario) o de la autoridad penitenciaria (involuntario). La excepción al traslado voluntario, también legal, permite a las autoridades ejecutar los traslados sin autorización previa de un juez, pero aplica solo a ciertos casos.

De acuerdo con datos obtenidos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS), 98% de las internas enviadas al CEFERESO 16 fueron trasladadas involuntariamente por los sistemas penitenciarios estatales. En documentos judiciales y grabaciones de audiencias, N+ Focus detectó que el Sistema Penitenciario de Sonora hizo pasar como excepcionales los traslados de al menos 19 internas, incluida Verónica, para evadir la autorización judicial previa.

Meses después de su traslado a Morelos, las internas trasladadas de Sonora pidieron ser devueltas a su estado. Gerardo Manríque fue el defensor público que las representó en esos litigios.

La excepción al traslado voluntario aplica a casos de delincuencia organizada, que requieran medidas especiales de seguridad, internas cuya vida corra riesgo o que pongan en peligro a la prisión que pide su traslado. En estos casos, la autoridad penitenciaria debe notificar el traslado al juez en las siguientes 24 horas; una vez notificado, el juez tiene hasta 48 horas para determinar si el traslado fue legal.

Sonora ordenó los traslados como “urgentes y excepcionales” y los ejecutó entre 6 meses y un año después. Los jueces los calificaron uno o dos días después del ingreso de las mujeres a la prisión federal.

El estado justificó los traslados en las condiciones que la CNDH ya había documentado, pero también con medidas de seguridad contrastantes. Por ejemplo, trasladó a una mujer porque tenía un “alto perfil criminológico” y a otra para evitar que fuera víctima de un grupo antagónico que se había organizado para atracarla en el CERESO.

“El gran tema con los traslados es que muchos centros penitenciarios estatales utilizan las medidas de seguridad para mover a personas incómodas dentro del sistema penitenciario, que presentan quejas ante las comisiones de Derechos Humanos o porque hacen peticiones administrativas constantemente. O, en algunos casos, porque tienen el control de un servicio que se da al interior del centro penitenciario y que la autoridad ya no quiere que tenga el control”, señala José Luis Gutierrez, director de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL).

Las justificaciones contrastantes y la laxa supervisión judicial permiten que las autoridades penitenciarias usen los traslados como mecanismos de castigo.

Genaro Sánchez, quien fungió como Coordinador General de Centros Federales de Reinserción de 2015 a 2018 lo confirma. 

“Es problemática, le llaman ellos. Muchas veces la administración estatal penitenciaria quiere evadir esa responsabilidad. Los directores no quieren tener a persona porque: es que es problemática, no tengo control sobre ella… Federación, apóyame, trasládala”, reconoce.

Al ser trasladadas por excepción, las internas no supieron la razón por la que fueron enviadas a una cárcel federal. Algunas no estaban acusadas de delincuencia organizada e incluso los delitos por los que se les señalaba eran del fuero común. Según Verónica, a ninguna se le había levantado algún acta disciplinaria por su conducta en las cárceles estatales.

Las autoridades tampoco les avisaron que serían cambiadas de cárcel. Ni a ellas ni a sus familias.

“Están en manos de ellos [la autoridad penitenciaria] y la responsabilidad de ellos es avisarnos lo que le pase a nuestro familiar. Yo nunca tuve una comunicación con el comandante, nunca tuve una comunicación con el director donde me dijera: señora, su hija fue trasladada”, reclama la madre de una mujer que fue trasladada con Verónica.

Todas estas afectaciones fueron incluidas como argumento en los litigios en que Manrique y otros defensores públicos representaron a las sonorenses y otras internas que pidieron ser devueltas a sus estados. Pero su alegato principal fue el acercamiento familiar: que los traslados violan el derecho de las internas a cumplir su sentencia en prisiones cercanas donde se lleva su proceso o a su domicilio, y atenta contra el derecho que sus familiares tienen a mantener contacto con ellas.

Adicionalmente, señalaron que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario ha omitido, desde noviembre de 2016, publicar lineamientos para que todas las prisiones del país adecuaran espacios para personas sentenciadas del fuero federal.

Los jueces federales desecharon las apelaciones.

Salvo por la seguridad y los servicios médicos, el CEFERESO 16 es operado por una empresa concesionaria que recibía un pago anual de 1,080 millones de pesos. En 2021, el gobierno federal negoció una reducción de 15% a esa cuota, que consideraba excesiva: por cada interna pagaba 6,411 pesos diarios.

“Un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas”, dijo Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

A partir de ese año, los traslados de mujeres desde prisiones estatales aumentaron. De las 1,108 trasladadas, 65% ingresó al CEFERESO en 2022, el año en que Verónica y sus compañeras fueron enviadas ahí.

“No sabemos si la intención era llenarlo o [los gobiernos locales] simplemente estaban buscando despresurizar sus propias prisiones. Pero el impacto fue tremendo”, dice el abogado Manríque.

La capacidad del CEFERESO se vio rebasada, de acuerdo con cifras oficiales, recomendaciones de la CNDH y documentos judiciales.

Por ejemplo, dos días después de su traslado, Verónica y otras 403 internas se intoxicaron con comida en mal estado y no recibieron atención médica oportuna, según la recomendación 59/2023 de la CNDH.

Las internas denunciaron aislamiento, falta de personal de seguridad, de medicamentos y atención médica, castigos extremos y abusos por parte de los custodios.

Dentro de la prisión, la violencia escaló. En 2020, se reportaron dos riñas en las que participaron ocho internas; para 2024, el registro fue de 34 riñas con 103 internas involucradas, 64 de las cuales resultaron heridas.

Y las muertes de internas, la mayoría reportadas como suicidios, convirtieron al CEFERESO 16 en el penal con la tasa más alta de muertes bajo custodia entre los ocho penales concesionados  en México.

Decenas de mujeres que habían llegado de prisiones estatales, incluida Verónica, denunciaron esas condiciones ante jueces federales cuando les pidieron ser devueltas a sus estados. Algunas dijeron que temían por su vida, pero los jueces las rechazaron.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) revisó los casos de ocho internas que presuntamente se habían suicidado y encontró que la mayoría había hecho denuncias similares. El organismo atribuyó los suicidios a “las condiciones de aislamiento y de falta de redes” derivadas de sus traslados y al hecho de estar recluidas en “un centro penitenciario de alta seguridad sin que sea necesario dicho enfoque para la mayoría de las mujeres”.

La crisis del CEFERESO derivó en 18 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por las muertes de internas, que investiga junto con denuncias de actos torturantes e incluso un caso de abuso sexual dentro del penal femenil.

Además, el IFDP y organizaciones de la sociedad civil llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2024 y en febrero de 2025, la resolución definitiva de un amparo otorgó al gobierno federal un plazo de seis meses generar una política de Estado para atender la salud mental de las internas del CEFERESO.

La crisis del CEFERESO 16 ha obligado a tres cambios en su dirección. El último de ellos, a partir del 1 de octubre de 2024, recayó en Adriana Villeda, ex directora del penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

En entrevista con N+ Focus, Villeda Salazar detalló algunas acciones del Modelo de Operación Penitenciaria con Perspectiva de Género que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aplica desde su llegada al penal para prevenir los suicidios. La principal: devolver a las internas de bajo riesgo a sus estados de origen.

Los traslados fueron solicitados por el CEFERESO y se registraron administrativamente como involuntarios. La diferencia, esta vez, fue que las internas tuvieron una audiencia previa.

N+ Focus accedió a los videos de dos de esas audiencias, donde consta que el argumento para autorizarlos fue facilitar la reinserción de las mujeres y privilegiar el interés superior de sus hijos menores de edad o padres adultos mayores.

Entre las beneficiarias están 19 internas de Sonora a las que un año antes  se les negó el traslado voluntario de vuelta a su estado. La jueza desestimó la falta de convenios entre la federación y los estados y obligó a las cárceles estatales a recibirlas pese a su negativa por sobrecupo.

Hermosillo fue una de las prisiones que se opuso a recibirlas. Con una población de 513 internas en el área femenil, sigue siendo la cárcel más sobrepoblada de las 13 que hay en Sonora. Ese penal no tiene médico los viernes por la noche y solo 6 mujeres tienen trabajo remunerado.

El CERESO femenil de Nogales no tiene especialistas ni enfermeras y su único médico general trabaja las tardes de lunes a viernes. Ciudad Obregón no tiene dentistas. A nivel estatal, solo 34 mujeres privadas de la libertad tienen un empleo remunerado, principalmente en la maquila de uniformes, con salarios de entre 3 y 5 mil pesos mensuales.

Tres meses después del traslado, una de las sonorenses ganó un litigio que había comenzado en febrero y logró que se ordenara al CEFERESO 16 transmitir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana su petición de convenir traslados hacia prisiones estatales con el gobierno de Sonora.

Verónica ya no formó parte de este grupo. Salió del CEFERESO en junio de 2024, tras cumplir dos años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia. Desde entonces, acude periódicamente a firmar a un juzgado federal de Sonora. Su juicio oral comenzó en febrero, cuatro años después de su detención.

Hasta junio de 2025, el CEFERESO había devuelto a 242 internas a los estados de México, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Aguascalientes, Tabasco, Querétaro, Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Tlaxcala.

Ante la jueza y representantes del CEFERESO 16, internas de Sonora y Estado de México explicaron por qué querían su traslado.

En contraste, jueces federales siguieron negando traslados voluntarios a internas que, entre octubre y diciembre de 2024, pidieron ser devueltas a Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Veracruz con el argumento del sobrecupo de penales y los delitos por los que están procesadas o sentenciadas, de acuerdo con resoluciones públicas consultadas.

“Nunca he tenido una visita familiar. También lo pedí por salud, porque aquí en el centro penitenciario federal, no me han atendido por mi salud, porque tengo esquirlas en la cabeza y pues no me han atendido bien”, dijo una interna que pedía ser trasladada a Chihuahua.

El CERESO de Aquiles Serdán, a donde pidió ser devuelta, alegó sobrecupo y falta de personal de seguridad y custodia.

“El número de privadas de libertad por custodio es de 23 personas por elemento, por lo cual resultan insuficientes para la población penitenciaria (...) Tienen varias complicaciones para la distribución, ubicación y separación de las personas privadas de su libertad, y (...) esto ha conllevado al incremento de la aplicación de sanciones disciplinarias”.

La jueza negó el traslado.

La medida se tomó como una decisión con perspectiva de género. Pero la falta de un análisis de contexto integral acarreó consecuencias no deseadas: las mujeres regresaron a prisiones precarias, sobrepobladas, con autogobierno y sin capacidad de dar continuidad a los tratamientos psicológicos, psiquiátricos o de otro tipo.

Adriana Villeda también dijo que, como parte del nuevo modelo penitenciario, se contrató a psiquiatras y ginecólogas, y se amplió el catálogo de actividades deportivas, culturales y productivas.

“Se implementó el programa de salud mental. Tenemos un módulo con especialistas y es un modelo de intervención de comunidad terapéutica. Lo que tratamos es la prevención, prevención del riesgo suicida y conductas autolesivas”, señaló.

Bajo este modelo se han registrado ya cuatro muertes, tres de ellas suicidios.